en colombia

234 el registro mercantil en colombia
El procedimiento registral de las cámaras de comercio 235
como procedimiento administrativo
A lo largo de los años han sido muchas las opiniones acerca del carácter
administrativo de los «actos de registro» 28 , por lo cual es preferible entenderlos
en razón de sus aspectos más descollantes, esto es, en cuanto son
decisiones con carácter vinculante y definitivo, adoptadas por las cámaras
de comercio en ejercicio de una precisa función administrativa, capaces de
producir o afectar situaciones jurídicas concretas y que pueden ser enjuiciables
por la jurisdicción contencioso administrativa.
Al caracterizar de tal forma este tipo de decisiones administrativas, podemos
concluir (a la luz de las normas que regulan la función registral, las
disposiciones de la parte primera del CPACA y la jurisprudencia reiterada de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 29 ), que los actos de registro
son pasibles de ser controvertidos –al igual que los demás actos administrativos
de contenido particular– a través de los mecanismos de impugnación
consagrados en la ley:
La facultad reconocida a entidades privadas de producir actos administrativos,
revela la inaplicabilidad del criterio subjetivo u orgánico
para determinar la naturaleza del acto, la cual se deduce, ante
todo, del contenido de la función realizada, en lo que se advierte
la evidente primacía de un criterio material que define la índole
administrativa del acto y, de contera, la aplicación de la normatividad
propia del derecho administrativo en las etapas de formación,
notificación, impugnación y control. El acto administrativo generado
por entidades o personas privadas en el ejercicio de funciones
públicas, supone una amplia base de legitimidad si se repara en su
autor, así como probabilidades de una más fácil ejecución, y una
búsqueda de mayor eficacia a partir de la participación de los propios
administrados en la tareas de la administración; a esa eficacia
28 Sobre las tres etapas de evolución normativa del acto administrativo de registro,
puede consultarse Gil Echeverry (2010, pp. 147 y ss.). También Montes Palacio (2005,
pp. 139 y ss.).
29 Cfr. Sentencias Corte Constitucional: C-166 de 1995, C-395 de 1996, C-640 de 2002, C-
909 de 2007, C- 1016 de 2012. Sentencias Consejo de Estado: Exp. 942 (Sección Primera,
23 de mayo de 1991), Exp. 3551 (Sección Tercera, 20 de septiembre de 1984), Exp. 11464
(Sección Primera, 22 de octubre de 1997), Exp. 8711 (Sección Tercera, 25 de julio de 1994).
N. B.: La jurisprudencia contenciosa está citada en Gil Echeverry (2010, pp. 154 y ss.).
contribuye, sin dubitación alguna, el régimen de derecho público
que le es aplicable; disciplina jurídica que a su vez garantiza el respeto
de los derechos de las personas involucradas en la decisión y
de terceros afectados, quienes podrán solicitar la revisión, modificación
o revocatoria del acto en sede administrativa, y en todo caso
acudir ante la jurisdicción que conoce de las controversias suscitadas
en relación con los actos administrativos 30 .
Las normas de las cuales se deriva la posibilidad de desatar los medios
de autocontrol administrativo frente a los «actos administrativos de registro»,
son las siguientes:
El artículo 94 del Código de Comercio 31 :
«La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones
interpuestas contra los actos de las cámaras de comercio.
Surtido dicho recurso, quedará agotada la vía gubernativa».
El artículo 30 del Decreto 1520 de 1978, derogado tácitamente por el CCA:
30 Corte Constitucional, Sentencia C-166 del 20 de abril de 1995, Expediente D-643. M.
P.: Hernando Herrera Vergara.
31 El sentido de la expresión «actos de las cámaras de comercio», prevista en esta
peculiar norma de atribución de competencias, debe cifrarse en los actos camerales
expedidos en ejercicio de la función administrativa del registro, cuando los
mismos correspondan a manifestaciones de voluntad con carácter definitivo, es
decir, «… siempre que éstos constituyan verdaderos actos administrativos, pues
la voluntad de la Administración puede revelarse de diferentes maneras, y lo relevante,
a efectos de establecer si una determinada manifestación de la voluntad
de la Administración es un acto administrativo, es que tenga la aptitud de producir
efectos jurídicos, tales como la creación, modificación o extinción de situaciones
jurídicas generales o particulares» (cfr. Consejo de Estado, Exp. 18136 (Sección
Tercera, 27 de septiembre de 2006), Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra.
La distinción de los precitados actos dimana, también, de la posibilidad del control
judicial sobre los mismos. Así, el Consejo de Estado, refiriéndose a la función
de llevar el registro mercantil en un caso concreto, concluyó que «la cámara de
comercio de […], no obstante su naturaleza de entidad privada, desempeña una
función administrativa, y en este caso sus actos caen bajo la órbita de control por
esta Jurisdicción» Vid: Consejo de Estado, Exp.2320 (Sección Primera, 20 de agosto
de 1993). Consejero ponente: Ernesto Rafael Ariza Muñoz.