en colombia

306 el registro mercantil en colombia
El registro único empresarial y social, rues 307
En primer lugar, porque la publicación en el RUE se convirtió en una
condición para la firmeza de los actos de registro en el RUP. En efecto, dispuso
la ley que la firmeza de la inscripción, actualización, renovación o
cancelación solo se alcanzaría transcurridos treinta días hábiles (hoy diez
días hábiles), contados a partir de la publicación del acto de registro en el
sistema RUE. Es decir, el sistema electrónico del RUE se volvió una garantía
reforzada de publicidad para la eficacia del RUP: no basta con el registro
interno que efectúe la cámara de comercio, sino que además es necesario
que la anotación local se publicite en el medio electrónico público RUE, a
fin de que pueda alcanzar el valor probatorio definitivo que le da la ley. De
esta forma, cualquier persona interesada puede enterarse de los registros
y sus modificaciones, e intentar los medios de impugnación dentro de la
oportunidad legal, amén de dotar a la administración pública de una herramienta
confiable y en línea para corroborar el estado registral del proponente,
y su información.
En segundo lugar, porque la Ley 1150 de 2007 reforzó el reporte de entidades
estatales sobre contratos, multas y sanciones en firme; señalando que
por seguridad y transparencia la misma solo se podría remitir por medios
electrónicos, bajo las condiciones técnicas y de seguridad predefinidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, ordenó a los servidores
del Estado responsables del reporte, que efectuaran las remisiones de
forma mensual, de manera que las bases de datos se mantuvieran actualizadas
y consistentes. El RUE posibilitó un canal único y seguro de comunicación
entre las cámaras de comercio y las entidades del Estado, para el
envío, recepción e inscripción de la información antes detallada. Además,
se convirtió en un portal único para que los servidores del Estado pudieran
acceder y remitir la información.
En el proceso del reporte intervienen diferentes entidades, cumpliendo
roles específicos minuciosamente articulados: las entidades estatales remiten
la información por un medio electrónico predefinido, y con las características
señaladas por el reglamento y la Superintendencia de Industria y
Comercio (archivos en formato XML); Confecámaras interviene en la administración
y el soporte de la plataforma RUE (validación de usuarios y cargue
de archivos electrónicos); las cámaras de comercio reciben, validan y registran
la información reportada en sus registros locales, y una entidad de certificación
abierta (Certicámara) proporciona las seguridades y certificados
que, conforme la ley, se precisan para el válido intercambio electrónico de
datos (correos de confirmación y estampado cronológico).
En tercer lugar, el RUE ha posibilitado, de forma gradual, que el Registro
de Proponentes se convierta en un registro «único». En la versión operativa
anterior al RUES, la plataforma electrónica permitía a las cámaras de comercio
controlar que una persona no tuviera inscripciones simultáneas en varias
cámaras. Asimismo, facilitó el cambio de domicilio de los proponentes
entre las distintas cámaras del país, respetando de esta forma la vigencia
de la información del inscrito. Entretanto, la información sobre contratos,
multas y sanciones siguió almacenándose de forma local hasta la entrada
en operación del RUES, el 1.º de enero de 2013.
5.6 El Decreto Ley 19 de 2012, la creación
del RUES y la reglamentación del RUP a través
de los decretos 732 de 2012 y 1510 de 2013.
La dinámica del Registro Único de Proponentes, y la necesidad creciente de
depurarlo de formalismos innecesarios (o que poco aportan a la selección
de los contratistas), y la intención de dotar a las entidades del Estado de mayores
y mejores elementos de juicio (a fin de que la adquisición de bienes y
servicios sea un asunto estratégico y no formularista), motivaron la reforma
del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, a través del artículo 221 del Decreto-Ley
19 de 2012, mejor conocido como el «Estatuto Antitrámites».
Las principales modificaciones previstas en la reforma pueden resumirse
en los siguientes puntos:
En primer lugar, se elimina la calificación y la determinación de la K de
contratación de los proponentes, de modo que las condiciones de capacidad
jurídica, técnica, financiera y de organización se presentan sin fórmulas ni
baremos formales, y se revelan y certifican tal cual las acredita el interesado.
Sin embargo, pervive el cómputo de la K residual para los contratos de obra,
conforme las fórmulas previstas en el reglamento, pero esta se verificará por
la entidad contratante y no por las cámaras de comercio.
En segundo lugar, los proponentes deben ubicarse dentro de los criterios
dimensionales de grande, mediana y pequeña empresa, o de microempresa,
con independencia de que tengan naturaleza societaria o de entidad