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348 el registro mercantil en colombia
Efectos del Registro Mercantil en Colombia 349
del deudor, y de sus sucursales, el aviso que informa el inicio de este proceso
y la providencia mediante la que este trámite termina, ya sea porque la providencia
de adjudicación está ejecutoriada o porque se celebró un acuerdo
de reorganización. En este último caso, por cierto, la inscripción tiene efecto
constitutivo («[l]a anotación indicada extinguirá la persona jurídica de la
deudora») 58 .
En sexto lugar, el Decreto 2785 de 2008, reglamentario de la Ley 1116 de
2006, ordena la inscripción en el Registro Mercantil de las providencias que
reconozcan un proceso de insolvencia en el extranjero. Este registro se debe
llevar a cabo en las cámaras de comercio del domicilio del deudor, de sus sucursales
y establecimientos de comercio, y del lugar donde se halle el centro
de sus operaciones o donde se ejerza una actividad económica permanente
(por ejemplo, la parte sustancial de la actividad comercial se lleva a cabo en
Bogotá, a pesar de que el domicilio de la sociedad es Barranquilla).
En estos tiempos, en los cuales la globalización jurídica y económica ya
no es una novedad, tal registro tiene gran importancia, puesto que permite
a todos los interesados en la suerte de los negocios de un determinado deudor
conocer, a un bajo costo y de manera rápida, los procesos de insolvencia
existentes en otros países.
A manera de síntesis, las anteriores normas de la Ley 1116 de 2006 buscan
cumplir funciones lógicas del registro mercantil: informar al mercado
la situación actual de los comerciantes que atraviesan dificultades de liquidez
59 , y notificar oportunamente si esta situación conlleva a un acuerdo encaminado
a la recuperación de la empresa, en un escenario optimista, o a
su liquidación, bajo una perspectiva pesimista. De no exigir estas normas, la
inscripción en el Registro Mercantil, los terceros interesados en celebrar negocios
con sociedades en reorganización solo tendrían dos opciones, ambas
con efectos negativos: de una parte, solicitar la información directamente
a la empresa con problemas de liquidez, asumiendo costos de transacción
en tiempo y dinero así como el riesgo de que la información no sea veraz u
oportuna. De otro lado, abstenerse de realizar cualquier negocio con la so-
58 Artículo 63 de la Ley 1116 de 2006.
59 Sobre el registro mercantil de los diferentes actos, durante los procesos de reorganización
empresarial y liquidación judicial, v. también los Arts. 4-8 del Decreto 2785
de 2009.
ciedad inmersa en un proceso de reorganización, lo cual genera ineficiencias
tanto para esta compañía como para el comercio en general.
Las normas de la Ley 1116 de 2006, sobre inscripción de documentos en
el Registro Mercantil, no terminan acá. Mención especial merecen las disposiciones
relacionadas con los contratos de fiducia mercantil y, especialmente,
las fiducias en garantía.
Antes de mencionar estas normas, son necesarios unos breves comentarios
sobre la fiducia en garantía, figura de gran utilidad en el comercio, tanto
para deudores como para acreedores. Aquellos pueden otorgar una garantía
admisible sobre uno de sus bienes sin mayores trámites 60 . Estos, por su parte,
obtienen un respaldo adecuado a su cartera, ya que, en caso de que el pago
del capital y de intereses se incumpla, basta un procedimiento ágil de venta
del bien, llevado a cabo por la fiduciaria sin que sea necesario un proceso ejecutivo
(Gaviria, 1989: 411). En palabras más simples, la fiducia en garantía es
una figura eficiente que dinamiza el mercado de contratos de mutuo.
Esta figura, empero, puede ser utilizada para fines lícitos, como debe ser,
pero también para fines ilícitos, como sucede cuando un deudor celebra no
una sino varias fiducias en garantía, cuyo beneficiario es un real o supuesto
acreedor, con el fin de ocultar su patrimonio y, por ende, perjudicar a otros
acreedores, violando el conocido principio de la par conditio creditorum 61 .
Existe entonces un dilema entre los derechos de los acreedores y deudores
honestos de usar la fiducia en garantía para facilitar sus operaciones
mercantiles, y los derechos de los acreedores, también honestos, de evitar
que mediante esta figura deudores deshonestos oculten su patrimonio. Una
prohibición o restricción excesiva de la fiducia en garantía sería nociva para el
mercado de créditos, ya que eliminaría una garantía eficiente. Incluso, si otras
garantías no son lo suficientemente eficientes (por ejemplo, si las demás garantías
son muy difíciles de hacer efectivas, como sucede hoy en día con las
hipotecas o las prendas, debido a larga duración de los procesos ejecutivos),
el mercado de crédito podría contraerse. Una regulación laxa de la fiducia
en garantía, por el contrario, estimularía esta figura pero no impediría sus
abusos, lo que, paradójicamente, también sería nocivo para el mercado de
60 V. el literal e), del artículo 4 del Decreto Reglamentario 2360 de 1993.
61 V. el numeral 2, del Artículo 4 de la Ley 1116 de 2006.