en colombia

506 el registro mercantil en colombia
La matrícula mercantil y la función certificadora 507
expresa que el control de homonimia se realiza sobre nombres idénticos, sin
importar la clase de actividad que desarrolle el matriculado.
Finalmente, en relación con los nombres genéricos que implican actividades
financieras, cuyo control también compete a las cámaras de comercio,
la jurisprudencia ha expresado:
Se deduce de lo anterior que el artículo 35 prevé sobre todo un
procedimiento de tipo mecánico para proteger el nombre comercial
en toda la actividad mercantil y para tutelar los intereses del
comerciante cuando ya ha sido inscrito y de los terceros en caso
de homonimia; al paso que el Decreto 1997, incluida la norma impugnada,
regula una materia concreta: la actividad económica financiera,
con el propósito de salvaguardar el orden público económico
y asegurar y proteger la confianza de las gentes en el sector
financiero de la Nación.
Cuando a través de la norma acusada se ordena a las cámaras
de comercio abstenerse de registrar personas jurídicas distintas
de las instituciones financieras señaladas en el artículo 1 del
mismo decreto, que empleen en su nombre distintivos propios
de ellas o que indiquen genérica o específicamente el ejercicio de
una actividad financiera, el decreto no hace otra cosa que procurar
la cumplida ejecución de la previsión contemplada en el artículo
606 del Código de Comercio. (Consejo de Estado, Sección Primera,
Sentencia del 15 de agosto del 91, expediente 1326).
1.9 El control de la información
Existe una norma muy importante, aparentemente inoficiosa, según la cual
las cámaras de comercio están facultadas para exigir al comerciante que
solicite su matrícula, la presentación de las pruebas siquiera sumarias de
los datos indicados en el formulario. Una primera observación consiste en
señalar que esta facultad se restringe a la matrícula de los comerciantes
y no se hace extensiva a la matrícula de los establecimientos de comercio.
Otra observación consiste en afirmar que el precepto (artículo 36 del C. Co.)
parece letra muerta, puesto que las cámaras de comercio generalmente no
hacen uso de la misma, confiando quizás en la presunción de buena fe que
ampara a los particulares frente a las actuaciones públicas. En todo caso, el
artículo tiene un sentido importante, cual es el de evitar que se publicite a
terceros datos e informaciones falsas. Por otra parte, si la información suministrada
como consecuencia de la matrícula está llamada a producir oponibilidad
y publicidad con respecto a los terceros, es apenas natural que la
institución registral deba procurar que dicha información sea lo más cierta
y real posible. Ahora bien, la información suministrada con la matrícula o su
renovación podrá servir de base para impugnar el registro de proponentes,
conforme a lo previsto en el artículo 22.5 de la Ley 80 del 93, en caso de que
sea contraria a la información señalada en el formulario o documentación
acompañada al solicitar la inscripción como proponente.
Como ya se expresó, y teniendo como finalidad primordial el suministro
de información a terceros, los datos consignados en el formulario de matrícula
deben ser veraces, reales y serios. Por esta razón, las cámaras podrán
exigir al peticionario que acredite, aunque sea sumariamente, la realidad
de la información suministrada, acompañando, para tal fin, certificados expedidos
por contadores, revisores fiscales, entidades financieras, registros
del estado civil, títulos de propiedad, declaraciones extrajuicio, o en general
cualquier otra prueba que pueda tenerse como sumaria. Si la información
suministrada en el formulario de matrícula resultare falsa, conforme a los
documentos solicitados por la entidad, o allegados por un tercero, la cámara
de comercio respectiva está en obligación de formular la denuncia penal
contra el infractor, pero no podrá revocar la matrícula, salvo que la falsedad
resulte evidente, manifiesta y afecte de manera importante la información
contenida en la matrícula. Dicha revocación se podrá efectuar sin previa autorización
del matriculado o solicitante, conforme a lo previsto en el artículo
73, C. C. A. («… o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales…»),
tal como lo aceptó últimamente la Jurisprudencia.
Parece ser que el control de la información establecido en la legislación
colombiana, viene como rezago de los sistemas europeos y de algunos países
latinos, en los cuales la personería jurídica de las sociedades se obtiene
precisamente con la matrícula e inscripción del comerciante colectivo. Por
razón de lo anterior, para otorgar la matrícula, al ente registral se le asigna
un control de legalidad pleno y previo, teniendo amplias facultades para verificar
y objetar la información suministrada. De esta manera, se previene