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Estatus legal de los páramos en el territorio CAR Cristal Ange
gran medida las posibilidades de actuación de las poblaciones locales. Mundialmente se ha
reconocido que “las áreas protegidas sólo sobrevivirán si son consideradas de valor, en el
sentido más amplio, por toda la nación y, en particular, por la población local” (Beltrán
2001).
Dentro de los instrumentos para la protección de ecosistemas estratégicos, la declaratoria de
áreas bajo regímenes especiales de protección es de gran importancia por el soporte legal
que proporciona a las actividades de conservación que se vayan a desarrollar dentro de las
áreas protegidas. El manejo de las áreas protegidas se define a partir de la categoría de
manejo que se le asigne al área; la selección se hace con el fin de cumplir con determinados
objetivos de conservación, teniendo en cuenta las características naturales específicas del
área. De esta manera, las diferentes categorías de manejo que existen en la normatividad
colombiana atienden diversos objetivos de conservación y permiten variados grados de
intervención: mientras unas categorías permiten el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales de un área, otras no permiten ningún tipo de actividad antrópica.
De acuerdo con la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es la instancia
del nivel nacional encargada de “reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema
de Parques Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales, y reglamentar su
uso y funcionamiento” (art.5, num. 18). La Ley también define entre las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales la de “reservar, alinderar, administrar o sustraer, en
los términos y condiciones que fijen la Ley y los reglamentos, los Distritos de Manejo
Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos, las Reservas Forestales y Parques Naturales
de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción” (art.31, num.16). Adicionalmente, la Ley
crea la categoría Reserva Natural de Sociedad Civil, cuya declaración y manejo está en
manos de la Sociedad Civil. De esta forma, el MMA, la CAR y la Sociedad Civil tienen la
posibilidad de proteger ecosistema estratégicos por medio de su declaración como áreas
protegidas utilizando las categorías enunciadas en la Tabla 1.
Además de tener la facultad de administrar las áreas declaradas por el MMA anteriormente
señaladas, la CAR también puede administrar las Áreas de Manejo Integrado (para recursos
hidrobiológicos; no por norma, sino en desempeño de funciones anteriormente asignadas
al INDERENA) y debe administrar las Áreas de Reserva (para recursos pesqueros; según
Decreto 2256 de 1991 Art. 138), una vez éstas hayan sido declaradas por el MMA.
El ordenamiento territorial
Otro instrumento importante en la gestión de conservación y protección del medio ambiente
se relaciona con el proceso de ordenamiento territorial. En la medida en que el
Estado participa como un actor decisivo sobre las acciones tomadas en torno al territorio,
el ordenamiento territorial se convierte en una herramienta de apoyo a la gestión planifica
dora que orienta la ocupación y utilización del territorio y da lineamientos hacia el mejoramiento
de la ubicación en el espacio geográfico de los asentamientos humanos y de sus
actividades e infraestructura física. Según Betancourt (1998) y Borja (1998), el ordenamiento
territorial como herramienta del Estado se convierte en una política estatal en donde los
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