Memoria Tomo 1 - fundacionecoan.org

Marco jurídico colombiano relacionado con los páramos Eugenia Ponce De León-Chaux
En el Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto-Ley 2811 de 1974) que es la
principal norma sustantiva ambiental del país, no hay ninguna mención expresa a los páramos,
lo que se explica porque este texto no parte de conceptos ecosistémicos para estructurar
el marco jurídico ambiental colombiano, sino que regula cada uno de los recursos naturales
por separado, al adoptar como criterio de clasificación de su articulado, la división en capítulos
diferentes para cada uno de dichos recursos (agua, flora, fauna, recursos hidrobiológicos, etc.).
Esta estructura de la legislación ambiental colombiana, presenta dificultades cuando aparecen
conceptos y normas que no se aproximan al estudio, manejo y protección de los recursos
naturales de manera fraccionada, como tradicionalmente lo ha hecho nuestra normatividad,
sino bajo conceptos más integrales como el de biodiversidad o bajo criterios ecosistémicos
como el de páramos. De conformidad con lo anterior, salvo la resolución 768 de 2002, las
disposiciones que inciden en la protección y manejo del bioma páramo se encuentran fraccionadas
y dispersas no solo en la legislación ambiental, sino también a lo largo de otros textos
legales (tributarios, agrarios, tratados internacionales, etc.). Al no estar integradas, tales previsiones
no guardan una especial coherencia entre ellas, sino que por el contrario, mas bien responden a
esfuerzos separados, los que individualmente y sin la debida armonización, pueden ver diminuida
su eficacia y dificultar su aplicación.
La situación jurídica descrita obliga a realizar un recorrido por la legislación ambiental en su
conjunto para establecer cuales disposiciones son aplicables a los páramos. Este escrito no pretende
hacer ese recuento exhaustivo, sino simplemente presentar de manera sucinta un marco
general con las principales normas que se relacionan con la regulación de este bioma.
Este trabajo se inscribe dentro del contexto de la Constitución de 1991, dado que desde su
promulgación, toda referencia jurídica al tema ambiental debe partir de ella que detenta la
mayor jerarquía jurídica en el país. En la Carta del 91 se consagraron aproximadamente 50
disposiciones que se relacionan directa o indirectamente con aspectos ambientales, elevando
a rango constitucional el tema.
La Constitución establece, entre otros, los siguientes deberes a cargo del Estado relacionados
con el tema ambiental: proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines (art.
79); prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones y exigir
la reparación de los daños causados (art. 80); planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o
sustitución (art. 80); regular el ingreso y salida del país de los recursos genéticos, y su utilización,
de acuerdo con el interés nacional (art. 81), y cooperar con otras naciones en la protección
de los ecosistemas situados en zonas fronterizas (art. 80). Las autoridades también
deben garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el
ambiente sano (art. 79). Es obligación del Estado y de los particulares proteger las riquezas
naturales de la nación (art. 8), y de la persona, proteger los recursos naturales del país y velar
por la conservación del ambiente sano (art. 95 # 8).
Otras disposiciones constitucionales relevantes para el tema de este escrito, son el artículo 58
que establece que la propiedad es una función social a la cual le es inherente una función
ecológica; el artículo 333 que consagra la posibilidad de limitar la actividad económica
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; el
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