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Marco jurídico colombiano relacionado con los páramos Eugenia Ponce De León-Chaux
Igualmente, para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, la autoridad puede
alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohiba o restrinja el ejercicio de ciertas actividades
como el vertimiento de aguas negras, el uso de fertilizantes o pesticidas, la cría de
algunas especies de ganado, y similares. También se puede prohibir, temporal o definitivamente,
ciertos usos como los recreativos, deportivos y la pesca en una cuenca o subcuenca
o sectores de éstas, cuando del análisis de aguas servidas o de los desechos industriales que
se vierten en ella se deduzca que existe contaminación o peligro de contaminación que debe
ser corregido de manera inmediata. Estos y los demás usos también se pueden restringir o
prohibir con el objeto de restaurar o recuperar una corriente o cuerpo de agua deteriorado
(art. 124).
Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes o que los
atraviesen corrientes o depósitos de aguas, o que sean aledaños a ellos, se obligan a cumplir
todas las disposiciones sobre prácticas de conservación de aguas, bosques protectores y
suelos (art. 209).
II- LOS PÁRAMOS FRENTE AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y LA REGLAMENTACIÓN
DEL USO DEL SUELO
A) El recurso suelo en la legislación ambiental
Otro tema al cual se debe vincular las acciones orientadas a la protección, conservación y
recuperación de los páramos del país, es al ordenamiento territorial y el uso del suelo. El
Código de Recursos Naturales, reconoce al suelo como un recurso natural renovable sujeto
a sus disposiciones (art. 178 a 193). Sin embargo, los artículos respectivos no se desarrollaron
por la legislación ambiental misma, que abandonó el tema dejándolo en manos de las
normas agrarias, de las normas de reforma urbana y de las llamadas disposiciones de ordenamiento
territorial, que son las que de manera principal se han encargado de dar pautas
sobre este recurso, desde su propia óptica y salvaguardando sus particulares intereses.
Lo anterior puede responder al hecho de que sobre el suelo se reconoce y protege como
regla general, la propiedad privada, a diferencia de lo que sucede con todos los demás
recursos naturales regulados por el Código, respecto de los cuales la regla general en materia
de propiedad, es que estos pertenecen a la nación. En el caso excepcional de que exista
propiedad privada sobre los recursos naturales renovables, el derecho de propiedad deberá
ejercerse como función social en los términos de la Constitución, y sujeto a las limitaciones
y previsiones establecidas en el Código y demás leyes pertinentes (arts. 42 y 43).
Los términos de la Constitución en la materia están dados por el artículo 58 de la Carta de
1991. Sin embargo, fue en la anterior Constitución Colombiana (1886), específicamente en la
reforma efectuada por el acto legislativo No 1 de 1936, que se consagró por primera vez en
el país, que “la propiedad es una función social que implica obligaciones”. Siguiendo esta
dirección, el constituyente de 1991 incluyó la propiedad dentro del título correspondiente a los
derechos económicos y sociales y reiteró que la propiedad es una función social, agregándole
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