Memoria Tomo 1 - fundacionecoan.org

Dimensión jurídico económica y conservación de páramos Patricia Guzmán-Aguilera
Si existen las condiciones de operación estatal con capacidad real de respuesta, lo cual incluye
recursos financieros, físicos y humanos para medir, controlar y promover usos adecuados
y regulación de los recursos, deben promoverse tales soluciones. Si ello no es así, deben
estructurarse las condiciones para que entre los privados se regule el recurso.
Si se supone que la valoración de los bienes es económica, lo primero es determinar si ello
es cierto. Sólo en campo se puede concluir qué es lo que valora una comunidad y sólo sobre
lo que se valora se deben asignar precios, lo contrario genera incentivos perversos. Hay aquí
un componente que nos aleja de los modelos y nos aproxima a la realidad que no debe
desecharse pues ya hemos comprobado que no siempre funcionan.
La medición de dicha valoración contribuye tanto para la asignación de precios a las conductas
y los predios, como para encaminar los incentivos que se pueden implementar.
Si se sostiene que inevitablemente las personas provocarán una tragedia por usos excesivos,
hay que medir la potencialidad de cooperación que existe en la comunidad. Ya existen
elementos teóricos para efectuar tales mediciones, pero ellos necesariamente recurren a instrumentos
empíricos y experimentales, también en campo.
Con las condiciones institucionales y los aspectos económicos determinados, pueden elaborarse
leyes con mayor potencial de cumplimiento. El complemento de cierre estará en la
creatividad para brindar soluciones a las condiciones productivas, con herramientas privadas
y estatales actuando de manera paralela y complementaria, entre ellas puede haber:
• Mejoramiento a gestión ambiental:
- Privada
Implementación de tecnologías apropiadas
Desmonte a actividades perjudiciales para el páramo
- Pública
Seguimiento y control a disposiciones
Capacidad de respuesta ante eventualidades
Gestión eficiente de recaudo y redistribución
• Tasas por uso de los recursos
• Compensaciones económicas por destinación de inmuebles privados a usos de interés
común y descuentos en impuesto predial.
• Planificación productiva regional que compense criterios de sostenibilidad con los de
productividad.
• Actividades ambientales lucrativas
• Educación ambiental fuera del aula y con perspectiva de utilidad
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