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Marco jurídico colombiano relacionado con los páramos Eugenia Ponce De León-Chaux
de la administración para la preservación del paisaje se cuenta la determinación de los lugares
en los cuales se prohibirá la construcción de obras, la tala, siembra o alteración de la configuración
de paisajes que se deben proteger. El tema del paisaje está incipientemente reglamentado
por el decreto 1715 de 1978 mediante el cual se toman unas medidas para evitar la
alteración o deformación de elementos naturales constitutivos del paisaje, como piedras,
rocas, praderas, árboles, para fines publicitarios, de propaganda o artísticos, pero el citado
decreto no aborda específicamente la regulación del tema del paisaje como área protegida,
sino que se limita a establecer condiciones para colocación de vallas con fines publicitarios, lo
que ahora está regulado por la Ley 140 de 1994.
- Parques Naturales Regionales. Esta es una denominación legal utilizada por la Ley 99
de 1993, en su artículo 31 # 16, para atribuir la competencia de su reserva, administración y
sustracción a las Corporaciones Autónomas Regionales, que carece de todo desarrollo reglamentario
nacional que identifique las características que debe reunir un parque regional y
cuales son las condiciones para su administración. Sin embargo, se considera perfectamente
posible y legítimo desde el punto de vista jurídico, que las Corporaciones por medio de
actos aprobados por sus consejos directivos (Ley 99, art. 27 literal g), establezcan parques
regionales en su jurisdicción y señalen reglas para su manejo, tal como efectivamente lo han
hecho algunas Corporaciones que han utilizado esta figura mediante declaraciones puntuales
en sus respectivas jurisdicciones 8 .
- Áreas Protegidas Municipales. La Constitución (art. 313 # 9) y la Ley 99 de 1993
establecen el deber de los municipios de proteger el patrimonio ecológico municipal. Según
el artículo 65 # 2 de la Ley 99, corresponde a los municipios y a los distritos dictar con
sujeción a las disposiciones legales superiores las normas necesarias para el control, la preservación
y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. Con fundamento en esta
función, los concejos municipales por medio de acuerdos han creado zonas de protección
que tienen interés local, utilizando denominaciones diferentes a las categorías legales nacionales
y regionales. No existe una norma que regule la declaración, administración y manejo de
las áreas protegidas por parte de las entidades territoriales, pero hasta la fecha se han realizado
múltiples declaraciones municipales 9 .
8 Ejemplo de ello, es el Parque Regional Natural la Cuchilla de San Juan creado por el Concejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), para proteger una zona con bosques en excelente
estado de conservación y que constituye un corredor biológico entre el Parque Nacional Natural Tatamá y el
Cerro de la Caramanta. La Cuchilla de San Juan también es una estrella hídrica de importancia regional y allí se
conserva una muestra muy representativa de la flora y fauna de la región y del departamento. El uso potencial
del suelo se limita casi exclusivamente a bosques protectores debido a la alta pluviosidad, las elevadas pendientes
y los tipos de suelos presentes.
9 Por ejemplo, el Acuerdo # 009 de 1996 del Concejo Municipal de Paipa, por el cual se determina una zona
de interés público y se declara un área de reserva forestal en el municipio de Paipa, el cual define el área que se
encuentra por encima de los 3000 msnm, como zona forestal protectora dedicada exclusivamente a la conservación
de los recursos, fundamentalmente a la producción de agua, conservación de la vida silvestre, investigación
científica, y educación ambiental. En ella se prohiben entre otras cosas, la introducción de especies ajenas
al páramo, la apertura de caminos y establecimiento de cultivos, la extracción de recursos naturales con fines
comerciales, etc. Por su parte la zona que está entre los 2800 msnm y por debajo de los 3000 msnm se declara
como área forestal protectora productora.
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