Memoria Tomo 1 - fundacionecoan.org

Dimensión jurídico económica y conservación de páramos Patricia Guzmán-Aguilera
Usos según retorno económico
Para algunos autores el supuesto básico está en que la destinación del bien obedece al mayor
retorno que obtenga el propietario de ella, en este caso la solución puede ser:
1. Medir las ganancias de su producción (agrícola o pecuaria) y
2. Efectuar un pago equivalente a sus ganancias (a cargo de la autoridad ambiental) a cambio
de que no desarrolle tal actividad, perjudicial para el páramo.
Con base en esto, hay programas públicos y de organizaciones no gubernamentales que han
trabajado en la consecución de los fondos para tales pagos.
Desde la perspectiva de la economía de mercado parece ser acertado, pues si se evita la
producción, también se evita la generación de las fallas; adicionalmente, la comunidad local
en general obtiene sustento económico para su vida. No obstante surgen algunos asuntos
por resolver, pues cabe preguntar hasta cuándo podrán recaudarse fondos que pagan la
abstención y que paralelamente generan comunidades no productivas.
Por otra parte, en este modelo se supone que las comunidades trabajan sólo por el sustento,
¿no hay un elemento cultural en el trabajo de la tierra, fruto de las manos y el sudor?. Lo que
se ha documentado indica que, inevitablemente, los campesinos siguen cultivando, básicamente
porque esa es su vida.
Encarecer la actividad ambientalmente dañina
Otras opciones trabajan sobre el encarecimiento de los recursos para las actividades agrícola
y pecuaria; desde esta perspectiva, si desarrollar tales actividades se hace más gravoso, habrá
incentivos para trasladarse a otras.
Así, por ejemplo, se estudia la posibilidad de hacer más costosos los pesticidas, de manera
que los agricultores no puedan pagarlos; por otra parte, se evalúa el acceso a carreteras
como una posibilidad de sacar de la zona de páramo los productos, por lo que de no
existir, se detiene su transporte.
Revisando esta opción, también surgen preguntas: ¿no hay posibilidad de que al encontrar
una plaga y no tener cómo pagarlo, la comunidad local dejara de comprar otros productos
de su sustento?, o ¿acaso es fácil encarecer productos del sector químico, compuesto por
multinacionales de gran poder para los gobiernos?, por último ¿tiene sentido quitar el acceso
al mundo de las comunidades para evitar que transporten sus productos?, sobre todo en
países como los nuestros, donde todavía se busca conquistar los indicadores de desarrollo
más primordiales.
Al parecer aquí estamos hablando de un problema de equidad muy inquietante en cuanto
son las comunidades más pobres las que terminan haciendo mayores esfuerzos.
Ahora, no se piense que no hay agricultores de gran poder que siempre querrán ser vistos
como débiles para conquistar beneficios y que continuarán aprovechando el bien público
sin medida; este es parte del problema de la política pública de países con inequidades tan
profundas.
937