Memoria Tomo 1 - fundacionecoan.org

Dimensión jurídico económica y conservación de páramos Patricia Guzmán-Aguilera
la resolución de los problemas de la comunidad. En este sentido, las soluciones de política
deben tomar en consideración las organizaciones comunitarias, los gremios, asociaciones y
todas las formas organizadas de cooperación establecidas.
Como se observa, en esta revisión se tienen en cuenta los aspectos culturales de la colectividad
que habita el páramo, destacando su posibilidad de participación.
De cualquier manera, la medida de las relaciones entre la comunidad del páramo permite
revisar la efectividad en la implementación de las políticas ambientales; es el mérito de
reconocer las instituciones informales y su operación las que permiten resultados reales en la
operación de las políticas, las cuales hasta hoy no han sido evaluadas en esta revisión económica
que puede ser útil.
CONCLUSIONES
La propuesta de esta presentación ha sido enunciar algunos de los aspectos hallados en la
problemática del páramo, básicamente con la perspectiva de diseñar normas de operación
de las políticas ambientales que involucren los aspectos económicos y culturales que pueden
procurar una mayor efectividad en su cumplimiento.
Una primera conclusión es que la política ambiental no funciona porque no se han analizado
todos sus componentes ni la operación individual y colectiva de su cotidiano.
Es necesario subrayar que la tarea de conservación de los páramos incluye la de proveer de
beneficios económicos a las comunidades que los habitan, situación que nos remite a evaluar
los aspectos básicos:
Si el problema está concentrado en uso y habitación e incremento de la demanda de los
recursos, hay que enfocar los esfuerzos en tales aspectos, sin dejar de lado los componentes
institucionales que permiten la implementación de soluciones.
En esta presentación se han identificado puntos importantes que no se podrán desconocer,
algunos son:
• La coherencia de las exigencias para los habitantes. Las tecnologías apropiadas
exigen incurrir en costos que las comunidades corrientemente no pueden asumir. Puede
ser útil que los fondos estatales atiendan estos requerimientos.
• Pensar en imponer “precios más altos” a las conductas (sanciones) para evitarlas, exige la
posibilidad de su cobro para legitimar la decisión y provocar el efecto que frena el deterioro.
• Provocar decisiones que valoran económicamente los bienes inmuebles pero que no
reconocen la cultura de la tierra (y no prevén su paulatino cambio de dirección), inevitablemente
causan su incumplimiento.
Los modelos aplicados, enunciados brevemente, aportan elementos parciales que deberán
ser tenidos en cuenta, pero se necesita la construcción de un esquema integral que involucre:
• Colaboración y respeto de las comunidades de montaña en la elaboración de la política.
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