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Marco jurídico colombiano relacionado con los páramos Eugenia Ponce De León-Chaux
por su conservación para prevenir y controlar fenómenos como la erosión, degradación,
salinización o revenimiento; intervenir el uso y manejo de los suelos baldíos y de los terrenos
de propiedad privada cuando se presenten fenómenos de erosión, salinización, y en general,
degradación por manejo inadecuado o por otras causas, y adoptar las medidas de corrección,
recuperación y conservación necesarias; controlar el uso de sustancias que puedan contaminar
el suelo, entre otras (art. 181). Igualmente la autoridad debe establecer, de acuerdo
con las características de cada región, y de conformidad con la pendiente de los terrenos,
cuales áreas se deben mantener bajo cobertura vegetal y las prácticas de cultivo o de conservación
a que deben sujetarse (art. 184). La simple reglamentación de estos artículos permitirá
a la autoridad ambiental intervenir el uso inadecuado de los suelos, por ejemplo, estableciendo
actividades prohibidas en áreas degradadas o imponiendo limitaciones al dominio traducidas
en obligaciones de hacer o de no hacer para el propietario.
Finalmente, aunque el Código reglamentó en forma amplia el tema del aprovechamiento de
los recursos naturales renovables, expidiendo reglamentos sobre aprovechamientos forestales,
uso de las aguas, de la fauna silvestre, de los recursos hidrobiológicos, etc., para el
aprovechamiento del suelo no existe, ni se exigen permisos ambientales, como si se hace
para los demás recursos.
B) El Ordenamiento Territorial
La legislación nacional asigna diversas competencias a las entidades territoriales y a las autoridades
ambientales en materia de ordenamiento territorial y reglamentación de los usos de
suelo, que pueden ser utilizadas para contribuir directa y específicamente a la protección de
los páramos.
Por ejemplo, la Ley 99 de 1993 13 dispuso que son funciones del Ministerio del Medio Ambiente,
entre otras, establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental del territorio,
así como expedir el estatuto de zonificación y uso adecuado del territorio para su apropiado
ordenamiento, y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus
aspectos ambientales. (art. 5 # 1 y 2).
En esta materia corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, participar con los
entes competentes de su jurisdicción, en los procesos de ordenamiento territorial a fin de
que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten y establecer las
normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda
en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se proteja el medio ambiente
y los recursos naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se
destinará a la conservación de la vegetación existente. (art. 31 # 5 y 31).
Por su parte, la Ley 388 de 1997 determina que el ordenamiento territorial constituye una
función pública que tiene, entre sus fines: atender los procesos de cambio uso del suelo,
procurando su utilización racional en armonía con la función social y ecológica de la propie-
13 Para efectos de esta Ley, “se entiende por ordenamiento ambiental del territorio, la función atribuida al
Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales
renovables de la nación a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible” (art. 7).
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