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Marco jurídico colombiano relacionado con los páramos Eugenia Ponce De León-Chaux
que le es inherente una función ecológica.
De esta forma, con la promulgación del Código de Recursos Naturales (en 1974), se sucede
una trascendental transición de la legislación civil a la legislación ambiental, en lo relativo al
ejercicio del derecho de propiedad sobre los recursos naturales renovables. La legislación
civil reconocía la propiedad privada como el más absoluto, estable y arbitrario de los derechos
reales. A contrario sensu, la legislación ambiental parte del hecho de que por pertenecer
a la nación, nadie puede alegar derechos absolutos, exclusivos, perpetuos e irrevocables
sobre los recursos naturales, y en caso de que existan derechos adquiridos por particulares,
ese derecho queda sometido al cumplimiento de la función social y sujeto a las limitaciones
de ley, y a las disposiciones del Código en cuanto a su uso, goce y disposición.
La Jurisprudencia constitucional ha reconocido en forma reiterada que la sistemática necesidad
de imponer pautas de uso y aprovechamiento de los bienes, entre otras cosas, inspiradas
en la necesidad de proteger el ambiente, hizo que la concepción civilista unitaria de la
propiedad, perdiera toda vigencia, en la medida que aparecen una serie de regímenes especiales
prolíficos en limitaciones a la propiedad y obligaciones a su ejercicio, los cuales no se
ven actualmente como excepciones a la concepción del Derecho Civil, sino como una
superación de ésta. La propiedad dejó de ser un derecho absoluto e intangible, el legislador
puede introducir restricciones y limitaciones necesarias para responder a los requerimientos
sociales a las cuales ésta queda sujeta 12 .
Como se expondrá a continuación en el Código de Recursos Naturales se encuentran disposiciones
que debidamente reglamentadas permitirían hacer efectiva la función social de la
propiedad y de este modo incidir en la protección ecosistemas y biomas como los páramos.
Sin embargo la fuerte tradición civilista del país y los marcados intereses particulares
pueden haber incidido en su falta de desarrollo y aplicación.
De manera general, el Código manifestó que los suelos deben usarse de acuerdo con sus
condiciones, y que su uso potencial y clasificación se determinará con base en los factores
físicos, ecológicos y socioeconómicos de la región. Igualmente, deben aplicarse técnicas de
manejo que eviten la pérdida o degradación, que logren la recuperación y que aseguren la
conservación de los suelos. Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales
o de infraestructura que puedan afectar los suelos, están obligadas a llevar a cabo
prácticas de conservación y recuperación de acuerdo con las características regionales (art.
178 a 180). Es necesario determinar las obligaciones a las que quedan sujetos quienes realicen
tales actividades, ya que ésta previsión sirve de fundamento legal para exigir licencia
ambiental o planes de manejo a quienes realicen las actividades descritas, pero adicionalmente,
en desarrollo del mismo artículo, se pueden imponer otras obligaciones y condiciones relativas
a las prácticas de conservación y recuperación a las que estos quedan sujetos.
Entre las facultades que tiene la administración en relación con los suelos se cuentan: velar
12 Sobre el tema ver: Eugenia Ponce de León Chaux. Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente - Tomo I,
artículo: Régimen Constitucional del Derecho de Propiedad, Bogotá, Universidad Externado de Colombia,
1999.
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