La educacion sexual en el sistema educativo publico uruguayo

El Comité de expertos señaló al Estadouruguayo en el punto 3: Al Comité le preocupala existencia cada vez más acusadade malos tratos y violencia en el seno delas familias y la insuficiencia de medidasadoptadas para evitar y combatir todas esascosas y también rehabilitar a los niños víctimasde ellas. Diez años después de esas recomendaciones,en el informe exploratoriode investigación y también en el terreno encasos concretos, que realizamos, constatamosque en Uruguay no se han promovidopolíticas de investigación y prevenciónsobre las diversas formas de violencia contrala niñez-adolescencias.Hay estudios deiniciativa propia, de determinados grupos,pero no una política de Estado que haya seguidoesta línea. Violencia y maltrato estánespecíficamente tratados en la Convenciónen los artículos 9 y 19. El informe que sepresenta al Comité de expertos, en Ginebra,tiene que ver con el cumplimiento de todoslos derechos. En este caso, solamente hemosenfocado algunos.Una segunda constatación, de las muygraves, es que en el interior de Uruguayno existen servicios especializados parala atención de la violencia contra la niñezadolescencia.En Uruguay los juzgadosespecializados empezaron a funcionar endiciembre del año 2005, hace muy poquitotiempo. Sin embargo, en el interior delpaís, donde vive la mitad de la población,no hay servicios especializados, ni defensoresespecializados, ni juzgados. Tampocoexisten refugios estatales para las víctimas.Esos refugios, que si bien no se mencionandirectamente en la Convención de la Niñezy Adolescencia, son un compromiso que elEstado asumió cuando firmó la Convenciónde Belém do Pará, que es un instrumentodel sistema regional interamericano alque pertenecemos. En el artículo 7 de laConvención de Belém do Pará se prevéespecíficamente la existencia de refugios,–dice albergues– para niños, niñas y mujeresque sufrieron violencia. Paréntesis acá,la Convención de Belém do Pará, cuyonombre completo es Convención paraprevenir, sancionar y eliminar todas lasformas de violencia contra la mujer es elúnico instrumento que existe de esta naturalezaa nivel internacional. Allí se prevé laexistencia de refugios. No los tenemos, enla Ley Nº 17.514 del año 2002, ley de violenciadoméstica, contamos con medidascautelares para prevenir muertes absurdas,esas no se cumplen en la práctica. Entoncesla existencia de refugios es una carenciaque el Estado uruguayo debe contemplar, yponerse al día con sus compromisos.Una tercera gran constatación es que noexiste un sistema integrado de registro einformación adecuado que dé cuenta de esteflagelo, esta violencia y maltrato que sufrennuestras niñas, niños y adolescentes. Unproblema no existe, no está en la realidady no tendremos insumos para poder actuarcorrectamente, aplicando las medidas quedeberíamos. Por otra parte, al Comité lepreocupa el elevado número de embarazostempranos que tiene consecuencias negativasen la salud de las madres y de losniños y en el disfrute por parte de la madrede su derecho a la educación, al dificultarla asistencia a la escuela dando lugar a unnúmero elevado de abandonos de los estudios.Cuando una niña, una adolescentequeda embarazada por razones prácticastiene que abandonar los estudios; y nosolo se le afecta el derecho a la educación,se le trastoca todo el mundo y todos losderechos que en esa etapa de su vida debetener y disfrutar. Ante esta preocupacióndel Comité del año 1996, constatamos quees la situación que afecta a las adolescentesmás pobres y con menos instrucción. Unode los grandes efectos en este punto es ladeserción educativa, laboral y tampocoexisten cifras oficiales sobre este punto delembarazo adolescente o embarazo temprano.Tenemos el número de nacimientos enlos hospitales, recogimos las cifras y otrosdatos sueltos que nos brindó el Ministe-326