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El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
1. Carencia o cambio permanente de información acerca de los procedimientos requeridos
a niveles locales y regionales así como confusión o indefinición de requerimientos
técnicos por parte de las autoridades responsables. Con mucha preocupación se observa
un incremento de requisitos y especificaciones que hacen interminable y engorroso el
proceso;
2. limitación de recursos financieros para asistir a los grupos locales en sus autodemarcaciones
e inaccesibilidad a mapas o imágenes base confiables. Ni los Jodï ni los Eñepa
han recibido un centavo del Estado para autodemarcar sus territorios pese a que según la
ley es responsabilidad del Estado financiar esta actividad. la falta de presupuesto es justamente
la razón más común aducida para explicar de por qué no han podido avanzar con
el expediente, en particular con la verificación in situ de los datos de la autodemarcación;
3. Esfuerzos por imponer un modelo único de demarcación entre grupos cultural y ambientalmente
diversos y rigidez de dinámicas sociales y espacios geográficos: las poblaciones
indígenas como todas, son dinámicas, crecen, migran o experimentan enormes
cambios culturales y ecológicos. Tales movimientos son procesos normales en el tiempo
y espacio, no son fenómenos solo actuales, lo que debe ser tomado en cuenta en las demarcaciones;
4. laberinto burocrático: caminos largos y tortuosos desde derechos en el papel a la realidad.
Además de la creciente lista de requisitos, la estructura institucional establecida
para llevar a cabo la implementación del proceso de demarcación es tortuosa, compleja
y cambiable. Justamente estos rasgos se traducen en desfuncionalidad. Por ejemplo, la
composición de las CRd no sólo reproducen la participación institucional de la CNd-
HTPCI sino agrega actores como para el caso de los estados Amazonas y Bolívar el Instituto
Nacional de Parques, la Corporación Venezolana de Guayana y las Gobernaciones
respectivas. la dificultad de congregar representantes de todas esas instituciones y tomar
decisiones colectivas en materia de las solicitudes ha constituido sin duda un desafío más
para la implementación real de la ley;
5. Control y política estatales débiles: invasión de tierras y violaciones comunes a la realidad
del país aunado a una sobreposición de autoridades y administraciones: ABRAE
vs. Tierras Indígenas vs. Zonas Militares vs. derechos sobre el Subsuelo (Ministerio de
Energía y Minas) vs. Municipalidades vs. Autoridad del Estado;
6. Percepción discriminada invertida: otorgar grandes extensiones de tierra a una minoría
de “privilegiados” en un país donde muchos no tienen tierra; e
7. Imposición de conceptos de propiedad occidental: derechos exclusivos vs. usufructos.
las luchas territoriales indígenas no obstante, suceden y preceden a las instituciones, gobiernos
y momentos históricos. Sabemos que la nuestra es solamente una pequeña y modesta
contribución en el complejo engranaje de la justicia social venezolana. En términos