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El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
2. Análisis general y constitucional
Por tanto, el Estado venezolano es, conforme a la vigente Constitución un Estado de derecho
y de justicia y en base a estos principios se desarrolló un capítulo relativo a los
derechos de los pueblos indígenas, a su reconocimiento y existencia, su organización social,
política, sus culturas, usos y costumbres, idiomas, religiones así como su hábitat y
derechos originarios sobre las tierras que las ocupan y de igual manera se desarrollaron
normas constitucionales sobre administración de justicia indígena (Artículo 260), donde
se establecen los principios básicos de aplicación del derecho indígena, lo que constituyó
un significativo avance en materia de legislación indígena reconociendo el derecho de
nuestros pueblos a mantener y aplicar nuestros propios sistemas de derecho y justicia
dentro del ámbito del territorio.
En este sentido considero, que en materia de cumplimiento de las normas constitucionales
los operarios de justicia, especialmente, los jueces de la jurisdicción ordinaria en
el ámbito penal y también los fiscales del Ministerio Público, no deben aplicar formas tan
estrictas en los casos de pueblos y comunidades indígenas que llegan a su conocimiento
y que se corresponden sobre todo a la jurisdicción especial indígena, según los criterios
determinados y dispuestos en el articulo 133 y siguientes de la ley orgánica de Pueblos
y Comunidades Indígenas (loPCI). En este sentido, prevalece lo establecido en el artículo
26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto que “Toda
persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos.”. En este sentido los jueces de jurisdicción
ordinaria en cualquier ámbito de competencia y muy en especial la penal, tienen como
uno de los valores primordiales el ser “protectores de la Constitución” y su aplicación en
todos los espacios, tal como se desprende de los artículos constitucionales 3 y 334.
Por tanto, con el establecimiento del artículo 260 de la Constitución, prevalece el
interés particular de que quienes son miembros de un pueblo o comunidad indígena (articulo
132 ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas) y soliciten la intervención
de funcionarios operadores de justicia, deben recibir de estos con efectividad los
beneficios constitucionales, para no ser excluidos ni mantener y aceptar actitudes discriminatorias
y extralimitaciones que puedan ocurrir en las distintas salas de audiencias.
las decisiones de los jueces y operadores de justicia, no deben generar dudas en quienes
las conozcan, sobre los motivos que se denotan en las mismas, por lo que este sentido los
beneficios según el nuevo texto constitucional fueron establecidos por la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente N° 2007-1115, de fecha
21 de septiembre de 2010 con ponencia del magistrado levis Ignacio Zerpa, que en
materia ambiental estableció la relevancia en la protección de intereses superiores, tales
como la protección del ambiente y de las comunidades indígenas: “constituyendo estos
valores superiores, que privan sobre cualquier derecho o interés particular (…) sino que por el
contrario era el deber al que estaba llamada, a fin de proteger el interés general, sobre el interés
particular. Así finalmente se declara (…)” Se considera que estos derechos están revestidos
de condiciones especiales ya que tienen primacía en lo relativo a derechos humanos, tal
como se establece en el instrumento internacional Convenio Nº 169 de la organización