Descargar (pdf) - iwgia

274 I
El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
con mayor frecuencia se procesan y juzgan en esta jurisdicción. Posteriormente fueron
nombrados más defensores en el resto de los estados con población indígena del país.
En la defensa Pública del estado Zulia, fue de gran impacto para los ciudadanos indígenas
que sus propios paisanos asumieran la defensa de sus causas ya que se sentían
que eran atendidos y entendidos por personas que además de ser abogados, conocían la
cosmovisión o manera de percibir el mundo similar a la de ellos, además de entender sus
costumbres, idiomas y cultura. los indígenas se sienten evidentemente cómodos cuando
se asume su defensa, complementando esa confianza con el intercambio de información
en las entrevistas con los familiares del detenido, encontrándose con una defensa en completa
armonía entre procesado y su abogado indígena de confianza. Con esta primera
experiencia se trataron de aplicar los artículos que reconocían las costumbres, los tratados
internacionales como el Convenio 169 de la oIT sobre Pueblos Indígenas y la doctrina
conocida hasta ese momento. En principio aunque muchas cosas no se materializaron en
las decisiones esperadas por la defensa, siempre se trató de influir en el Juez o Fiscal, para
tomar estos temas con más seriedad. Para el primer momento pensar en una declinatoria
de competencia de la jurisdicción ordinaria, entendiéndose esta como la de los tribunales
formales, a la jurisdicción especial indígena era una batalla dura y larga, cuyos resultados
al día de hoy es que se está materializando.
A partir del año 2005, con la llegada de la magistrada deyanira Nieves Bastidas a la
defensa Pública, se mejoró el trabajo de los defensores indígenas a través de la capacitación,
reforzando el personal indígena con asistentes bilingües, analistas profesionales
indígenas y hablantes. otro aspecto importante fue salir de las oficinas a las poblaciones
indígenas del país con las denominadas “Jornadas de Comunidad y defensa Indígena”
brindando asesoría y asistencia directa a los indígenas que se encuentran en sus territorios.
Pudimos observar que con la designación de estos nuevos funcionarios hubo un
incremento importante de usuarios que acudían, tanto para casos penales específicos,
como otros indígenas que se acercaban a las oficinas para pedir cualquier tipo de asesoría
legal; convirtiéndose el defensor en muchos casos en un asesor jurídico en todas las
ramas del derecho y además de servicio gratuito. Por supuesto, también hay críticas en
cuanto a funcionarios que a pesar de ser indígenas y de asumir estas responsabilidades, no
tomaban la debida seriedad en los casos que les eran presentados, realizando una defensa
técnica irresponsable.
En el marco del trabajo de la defensa Indígena desde el año 2002, se han identificado
un número de 20 defensores Públicos con Competencia Especializada Indígena, los
cuales están distribuidos de la siguiente manera:
1. Penal ordinario e indígena: ocho defensores (as)
2. Agrarios con competencia indígena: tres defensores (as)
3. Ejecución con competencia indígena: tres (as)
4. Protección con competencia indígena: dos (as)
5. Responsabilidad penal con competencia indígena: uno
6. Violencia contra la mujer: ninguno
7. defensores indígenas integrales: dos
8. defensores indígenas con competencia plena: uno