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El ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
transnacionales y oligarquías locales quienes esclavizan a indígenas y campesinos, sujetos a esa
maquinaria de aprovechamiento indiscriminado de las riquezas. Se trata de una política integral
para impedir agresiones a la soberanía territorial y proteger la naturaleza, que en algunos
puntos pudiera tardar más de un siglo en recuperarse de los perjuicios.” 106 El Ministro del Ambiente
anunció que “dentro de la estrategia para salvar la zona, se incluyen medidas punitivas
a los que son sorprendidos “in fraganti”, así como la aplicación del proyecto de reconversión
minera, que ofrece opciones de empleo en otros sectores como la agricultura.” 107
Para el mes de junio de 2010, se comenzó a denunciar el regreso de los mineros ilegales
al Alto Caura, a los lugares de donde habían sido desalojados por los militares intervinientes
en el plan. 108 Esto motivó que en el mes de julio 2010, se comenzara a ejecutar
la segunda fase del Plan Caura, que tenía como fin desalojar a mineros ilegales que habían
vuelto al área o habían penetrado reservas naturales de la cuenca de los ríos Caroní y
Cuyuní, en jurisdicción de los municipios Sifontes, El Callao y Roscio, del estado Bolívar,
según anunció del comandante de la Región Estratégica de defensa Integral de Guayana,
Mayor General Henry Rangel Silva. 109 Al respecto se explicó que la nueva fase se inició
con la activación de un censo de mineros ilegales presentes en estas zonas, así como la
divulgación de información sobre las razones de su desalojo y las diferentes ayudas y programas
de asistencia que daría el Estado venezolano para la incorporación a actividades
productivas diferentes a la minería.
3.3.1.1. Observaciones al Plan Caura 2010
En términos generales la evaluación del Plan Caura como acción destinada a controlar
la problemática de la minería ilegal en la región mediante la intervención de la Fuerza
Armada Nacional y otras instituciones del Estado ha sido percibida de manera positiva y
oportuna, sobre todo por asumir la situación con una visión más integral. las observaciones
van dirigidas al tema de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en
la elaboración y ejecución del plan y el carácter más estructural que debería dársele para
garantizar su permanencia en el tiempo en términos de erradicación definitiva del problema.
la falta de participación indígena en el diseño y aplicación del llamado “Plan Caura”
fue planteada por varias organizaciones indígenas, entre ellas, Alberto Rodríguez, Coordinador
de la organización Indígena Kuyujani, que agrupa 53 comunidades Ye’kuana y
Sanema de la cuenca del Caura. El representante indígena solicitó una participación más
directa en el marco del Plan Caura, destacando que “como pueblos indígenas hemos estado
siempre defendiéndonos de la actividad minera, por ello aplaudimos el Plan Caura,
impulsado por el Gobierno Nacional (…) hay la necesidad de que quienes encabezan el
Plan Caura autoricen la presencia de una representación indígena en la mesa de discusión,
que se instale luego del operativo militar de desalojo de los mineros ilegales, para formular
propuestas que se puedan realizar según las necesidades de las comunidades (…). Hasta ahora
lo que no hemos tenido es una participación directa. Cuando digo esto es que nosotros
pensamos que los que están dirigiendo este plan deben tener una mesa de diálogo, de conversación,
donde se digan qué propuestas, qué proyectos o programas se pueden desarrollar
posteriormente a lo que ha sido el desalojo de los mineros. Es lo que nosotros solicitamos al