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CAPÍTulo 6 • lA PRoTECCIóN dEl dERECHo A lA PRoPIEdAd INTElECTuAl ColECTIVA I 165
En el art. 124 CRBV figuran tres aspectos: la garantía y protección de la propiedad
intelectual colectiva, la prohibición de patentamiento sobre los recursos genéticos y los
conocimientos asociados y la exigencia de beneficios colectivos en el marco de las actividades
relacionadas con dichos recursos y conocimientos. Esta exigencia constituye el
único condicionamiento establecido por la Constitución para la configuración del derecho
a la propiedad intelectual colectiva.
los textos legislativos que se encuentran vinculados con la regulación de la propiedad
intelectual colectiva de los pueblos indígenas son varios. la ldB 24 -publicada en la
Gaceta oficial al año siguiente de la entrada en vigencia de la CRBV- fue el primer texto
legislativo que se refirió a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades
indígenas. Algunas de sus normas fueron ratificadas posteriormente mediante la ley sobre
Gestión de la diversidad Biológica (lGdB), 25 de 2008. Además de estas leyes, la ley
orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (loPCI), 26 de 2005, se refiere a algunos
aspectos relacionados con la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades
indígenas, así como también lo hace la más reciente ley de Patrimonio Cultural de
los Pueblos y Comunidades Indígenas (lPCPCI), 27 en vigor desde el 2009.
una tendencia que puede observarse, de forma general, es que en estos textos legislativos
numerosos artículos –entre los que destacan aquéllos contentivos de derechos
indígenas– han sido formulados en forma poco clara. debido a ello, la tarea de interpretar
estas normas no siempre es sencilla. una excepción en este sentido se encuentra en las
normas de la loPCI. la normativa de esta ley sobre la materia que aquí nos ocupa no
es abundante, pero es producto de una buena técnica legislativa, lo cual redunda en claridad.
la claridad en la formulación de las normas no es un tema irrelevante. Por el contrario,
una forma de garantizar la aplicabilidad de las normas consiste en que éstas sean
formuladas claramente. Por una parte, ello hace posible que los destinatarios de las mismas
tengan la posibilidad, por un lado, de conocer sus derechos reconocidos –lo que les
permite exigir su respeto– y, por otro lado, de conocer sus deberes –lo que les permite
saber a qué atenerse para comportarse conforme a las normas, sin lesionar derechos ajenos–.
Esto es válido para la sociedad en general y, muy especialmente, para las personas
responsables de la aplicación de las normas dentro los respectivos órganos del Estado, ya
sean éstos del poder ejecutivo –v. gr. la oficina Nacional de diversidad Biológica (art. 86
ldB), el Instituto de Pueblos Indígenas (art. 142 ss. loPCI)– o del poder judicial. Junto
a la claridad de los textos legislativos, son especialmente importantes los pronunciamientos
de los mencionados órganos en el marco de la aplicación de dichas normas, pues éstos
contribuyen, a su vez, a la tarea de lograr un mejor entendimiento de su sentido.
1.2.2. Derechos sobre los recursos
desde su reconocimiento en la Constitución, la propiedad intelectual colectiva se encuentra
relacionada con los recursos genéticos. Sin embargo, ni en la normativa constitucional
ni en la legislativa se reconoce a los pueblos indígenas el derecho de propiedad sobre los
recursos existentes en los territorios por ellos ocupados. Esta observación es importante