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CAPÍTulo 3 • El RECoNoCIMIENTo CoNSTITuCIoNAl dE lA EXISTENCIA dE loS PuEBloS Y CoMuNIdAdES INdÍGENAS I 73
Por su parte, la República alegó que por el contrario a lo argumentado por los actores,
en cumplimiento de la ley de demarcación, se había creado la Comisión Nacional de demarcación
del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas y su Reglamento,
previendo la participación de los representantes indígenas en la demarcación, la cual era
un proceso complejo, por la enorme cantidad de factores sociales y de todo tipo (jurídico,
histórico, económico, entre otros), que debían ser tomados en consideración para poder
proceder a la delimitación de los territorios indígenas. También se alegó que en atención a
la complejidad expuesta, el proceso de demarcación se había dividido en tres fases, a saber:
1) fase de diagnóstico; 2) fase de definición de metodología y; 3) demarcación de los territorios
indígenas; y que actualmente el proceso se encontraba en la primera fase.
En su decisión, el Tribunal señala que le corresponde precisar el alcance y extensión
de la obligación constitucional que le sirve de base jurídica al recurso de abstención o
carencia incoado, partiendo de lo establecido en el artículo 119 de la Constitución de
la República y de la disposición Transitoria décima Segunda, pero declara sin lugar la
acción interpuesta por los indígenas argumentando que el Ejecutivo Nacional está implementando
progresivamente la demarcación. 77
4.6.2. Recurso por Abstención o Carencia de las Comunidades Barí ante
la Sala Político–Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Declaratoria con lugar del Recurso de Revisión
de igual manera, en junio de 2002, representantes de las comunidades indígenas Barí
y la Asociación BoKHSIBIKA, presentaron ante la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, un Recurso por Abstención o Carencia debido a la falta
de demarcación del hábitat indígena a que hace referencia la disposición Transitoria
decimosegunda de la Carta Magna, considerando que el Ejecutivo Nacional no había
cumplido dentro del plazo de dos años que se estableció, incurriendo en demora
del cumplimiento de una obligación. Pedían que la demarcación se ejecutara, con su
participación según la delimitación que ya tenían precisada, y que se les otorgara el
título para garantizar la propiedad colectiva de sus territorios. También pedían que se
les ratificara su derecho a la Reserva Indígena establecida por el Gobierno Nacional
mediante decisión publicada en Gaceta oficial del año 1961, se les declarara su resguardo
demarcado y se ordenara a la Procuraduría General de la República otorgar el
título definitivo. Insisten en que, de acuerdo con el artículo 119 de la Constitución de la
República, los pueblos indígenas tienen derecho a ocupar y tener su propio territorio,
correspondiéndole al Poder Ejecutivo Nacional iniciar y sustanciar el procedimiento
necesario para precisar y alinderar dicho hábitat, lo cual debía verificarse en un plazo de
dos años conforme a lo preceptuado en la mencionada disposición transitoria décimo
segunda del texto fundamental. Afirman que transcurrido el plazo otorgado por la propia
Constitución sin que se haya realizado la demarcación ordenada, existe un evidente
incumplimiento por parte de la Nación, de allí que es necesario que el alto tribunal
ordene se ejecute, la demarcación que ya tenían precisada y se les otorgue el título que
garantice la propiedad colectiva que siempre han tenido sus territorios.