Descargar (pdf) - iwgia

186 I
El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
123). Por su parte, con relación a la consulta previa o participación indirecta, ésta opera
en aquellos casos en los cuales hay planes de desarrollo o aprovechamiento de recursos
naturales por parte del Estado o de particulares, que afectan los intereses de los pueblos
indígenas.
A nivel jurisprudencial un antecedente importante sobre el derecho a la participación
de los pueblos indígenas en Venezuela, lo constituye la decisión de la antigua Corte
Suprema de Justicia de 1996, que anuló la ley de división Político Territorial del Estado
Amazonas, demandada por varios pueblos y organizaciones indígenas, alegando razones
de inconstitucionalidad e ilegalidad y por desconocer el derecho a la participación de
los pueblos indígenas en la formación de las leyes que los afectan. la demanda fue presentada
por la organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (oRPIA) y
otras organizaciones, señalando que la entonces Asamblea legislativa había aprobado
dicho texto legal, sin consulta previa y efectiva a los diferentes sectores de la población del
Estado de Amazonas, especialmente a las comunidades indígenas que representan más
del 50 % de la población total de la entidad. En la sentencia, la Corte evidenció los vicios
constitucionales y legales denunciados, dictaminando la violación del derecho a la participación
de los pueblos indígenas, anuló parcialmente la ley y ordenó la aprobación de una
nueva que se adaptara a la especificidad sociocultural de la región. la decisión señala que:
“En este sentido, la Corte examina la alegada violación del derecho a la participación política,
en la formación de la ley (el acto impugnado) mediante la consulta popular y referendos a las
comunidades indígenas (…). Se aprecia este derecho por considerarlo de contenido esencial
de protección de la comunidad indígena (…) por ser el derecho a la participación
política en una sociedad democrática un principio general de rango constitucional, lo
que la doctrina define como gobernabilidad participativa (…). La participación en los
asuntos públicos se considera hoy día como un principio constitucional en la defensa del interés
general, de la comunidad, lo que permite una ósmosis recíproca entre el Estado y la sociedad y
una reafirmación de la legitimidad del Poder Público.” 4 (Subrayado nuestro)
la Corte consideró que en el caso no se demostraba el cumplimiento de la normativa
en cuanto a la participación política, por lo cual la ley impugnada carecía de legitimación
originaria proveniente de la consulta popular. Al respecto: “La Corte observa que
en el presente caso no se demostró el cumplimiento cabal de la normativa en cuanto a
la participación ciudadana, restándole al acto impugnado la legitimación originaria
conferida por la consulta popular. Por otra parte, el hecho que se consultaron los referidos
organismos nacionales (actuación idónea) no exime la obligatoriedad de cumplimiento de
la consulta popular sobre todo en una materia en la cual están involucrados el régimen
de excepción de las comunidades indígenas (de rango constitucional), el carácter
multiétnico y pluricultural, la biodiversidad, la cultura, religión y lengua propia de las
comunidades indígenas, el derecho a la tierra que respecto a dichas comunidades es de
interés social e inalienable.”. 5 la sentencia reafirma los derechos de los pueblos indígenas
en la formación de las leyes, ya que “Estima este alto Tribunal que en la formación de una ley
de división político-territorial del Estado, como lo es el de Amazonas, con la cual se modifican
las condiciones económicas y sociales de la región, se cambia el entorno vital del individuo, se
establecen los municipios y sus límites, se modifica la normativa jurídica (consecuencia de la
mencionada división), se afecta la tenencia de las tierras, se ordena el territorio bajo un nuevo