Descargar (pdf) - iwgia

238 I
El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
“Esta potestad, si bien es llamada jurisdicción, realmente es una competencia de las
autoridades legítimas indígenas, quienes ejercen en nombre del Estado, la función
jurisdiccional. La potestad de administrar justicia es una sola, y corresponde al Estado,
quien la ejerce, entre otros órganos, mediante las autoridades legítimas indígenas.
Es decir, la llamada jurisdicción especial indígena, o en términos que considero más
precisos, la competencia jurisdiccional indígena no está conformada por tribunales,
sino por autoridades legítimas indígenas”.
lo cierto es que con tal reconocimiento se hace notoria la concepción pluralista de
la administración de justicia en nuestro país, que no se limita a las decisiones impartidas
por el sistema judicial propiamente dicho, sino también a la potestad que
tienen algunas personas revestidas de cierta autoridad que deviene en forma natural
y espontánea (como la de las autoridades indígenas, que no la otorga el Estado) o por
mandato legal (escabinos y/o jurados, por ejemplo), en armonía con la exposición de
motivos de la Constitución Nacional, que haciendo referencia a su artículo 253 establece
que “siendo que la administración de justicia no es monopolio exclusivo del Estado,
(…) la Constitución incorpora al sistema de justicia a los ciudadanos que participan en
el ejercicio de la función jurisdiccional integrando jurados o cualquier otro mecanismo que
la ley prevea”.
Por su parte, el artículo 132 de la loPCI complementa el alcance de la jurisdicción
especial indígena, otorgando a las autoridades indígenas las facultades de “conocer, investigar,
decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad
de avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos”, resolviendo sobre la
base de “la vía conciliatoria, el diálogo, la mediación, la comprensión y la reparación del daño”,
con la finalidad de restablecer la armonía y la paz social de cada comunidad, participando
en este proceso tanto el ofensor como la víctima, la familia y la comunidad. Además, las
decisiones constituyen cosa juzgada en el ámbito nacional, por lo que las partes, el Estado
y los terceros están obligados a respetarlas y acatarlas, siempre que no sean incompatibles
con los “derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la
República y de conformidad con la presente Ley”.
de igual modo, entre la jurisdicción indígena y el sistema judicial estatal deben existir
relaciones de coordinación y subordinación, en atención a lo prescrito por el artículo
260 y por aplicación del principio de supremacía constitucional pautado en el artículo 7
del texto constitucional, debiendo además respetarse el principio de la interdependencia
y colaboración con los demás poderes públicos a los fines del Estado, conforme lo ordena
el artículo 136 de la Constitución, y así debe entenderse por razones de integridad y
soberanía nacional.
Por último, cabe mencionar que la jurisdicción especial indígena no requiere de
grandes edificios, de un mobiliario especial ni de un presupuesto técnicamente calculado
para administrar justicia, como si lo requiere la justicia ordinaria; así como también,
la referida jurisdicción tiene sus propias normas, procedimientos y sanciones que son
aplicadas ancestralmente por sus autoridades e instancias, sin que nunca haya necesitado
la intervención del Estado venezolano para construirles sedes, ni de la intervención del
poder legislativo para que sancione las leyes que regulen la resolución de sus conflictos.