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CAPÍTulo 8 • JuRISdICCIóN ESPECIAl INdÍGENA I 279
mientos tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias
que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras. Tomando en
consideración que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 134
de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, se trata de una decisión con fuerza
de “cosa juzgada”, por lo que el Estado y los terceros estamos obligados a respetarla y
acatarla, siempre que no sea incompatible con los derechos fundamentales establecidos
en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, los tratados,
pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República.
Y siendo, que la decisión tomada por este Tribunal Especial Indígena en fecha
23 de noviembre de 2009, donde condenó al Adolescente a cumplir VEINTE (20)
AÑOS de PRISION, de tal decisión, me permito hacer la siguiente consideración:
UNICO: Es evidente que la pena impuesta al adolescente, quien solo cuenta con la
edad de 12 ó 13 años de edad, es excesiva y por ello incompatible con lo establecido en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Ley Orgánica para
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en los artículos de la Constitución
(…). El artículo 24 de la misma Constitución establece: el Principio in dubio pro reo
´Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea´. Y establece
el artículo 44: que La libertad personal es inviolable, en consecuencia: se establece en
su numeral 3° La pena no puede trascender de la persona condenada. Y en relación
al artículo de la LOPNNA es incompatible con lo establecido en el artículo 628 de
la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto el referido
artículo establece en el Artículo 628 Parágrafo Primero: La privación de libertad
es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad y de respeto a la condición
peculiar de persona en desarrollo. En caso de adolescentes que tengan catorce años o
más, su duración no podrá ser menor de un (1) año ni mayor de cinco (5) años. En
caso de adolescentes de menos de catorce años, su duración no podrá ser menor de seis
(6) meses ni mayor de dos (2) años. En ningún caso podrá imponerse al adolescente
un lapso de privación de libertad mayor al límite mínimo de pena establecido en la
Ley penal para el hecho punible correspondiente (…) Por consiguiente, considero
que lo pertinente sería revisar la referida decisión mediante el recurso de amparo
ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a que se
refiere el artículo 135 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, el
cual me reservo el derecho de ejercer y fundamentar oportunamente. En relación con
el artículo 1, 2 y 9 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
No obstante, en el entendido que de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo
134 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, debe la Jurisdicción
Ordinaria prestar apoyo y colaboración a la Jurisdicción Indígena en lo relativo a
la investigación, juzgamiento y ejecución de sus decisiones, considero pertinente que
mientras esa decisión no sea revisada por la instancia jurisdiccional competente, se
remitan las actuaciones al Tribunal de Ejecución, sección Adolescentes de este Circuito
Judicial Penal, para que inicie la ejecución de la sanción y se recluya al adolescente
en el Centro de Internamiento de Adolescentes Casa de Formación Integral Varones,
hasta tanto se tenga una sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo solicito copia certificada del Expediente. Es todo.” 9