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CAPÍTulo 9 • loS óRGANoS dEl ESTAdo Y lA PolÍTICA INdÍGENA NACIoNAl I 357
la aparición de información pública sobre la explotación de este mineral rico en metales
codiciados en el mundo como el columbio (o niobio) y tantalio, ha generado todo
un debate en torno a las posibilidades de exploración y aprovechamiento de coltán en la
zona y sus posibles impactos ambientales y en las comunidades indígenas ubicadas en el
sector Parhuaza del estado Bolívar. Al respecto se tiene conocimiento de que el Gobierno
Nacional promueve exploraciones en la zona a través de técnicos de la empresa estatal
Bauxilum, adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y Minería quienes trabajan en la
certificación de las reservas de coltán que existen en la zona y en las posibilidades de prospección
y aprovechamiento mediante una empresa nacional de minerales estratégicos. 92
Frente a la proliferación de la minería ilegal de coltán, el tráfico hacia otros países
como Colombia y la actuación de intermediarios, algunos expertos han señalado que es
necesario definir cuanto antes una estrategia de desarrollo con el menor impacto social
y ambiental posible. Al respecto, Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas y Minería,
e investigador del Centro Internacional Miranda manifestó que “Hace falta instalar
un aparato industrial que sea doliente y responsable para evitar que eso siga sucediendo (…)
el Estado debe cuidar otras variables. La respuesta represiva debe acompañarse de una estrategia
de desarrollo con la suma de actores económicos e institucionales (…) El estado tiene la
obligación de instalar una industria manufacturera sustentable desde el punto de vista social y
ambiental.” 93 otros, como Jorge Roig, han señalado que “La explotación de recursos como
el coltán podrían no sólo plantear una oportunidad para diversificación de la economía, sino
una alternativa al modelo de las industrias básicas de Guayana que parece agotado.” 94 Por
otra parte, ante el boom de la explotación ilegal de coltán y las posibilidades de que el
Gobierno Nacional organice empresas u otorgue concesiones para su aprovechamiento
en territorios indígenas, algunos autores han formulado advertencias sobras las graves
consecuencias que podría traer para los pueblos y comunidades indígenas, por lo que debería
promoverse la adopción de medidas oportunas y la realización de la consulta previa
e informada establecida en la Constitución y demás leyes. 95
En el caso del estado Zulia, las principales actividades mineras son ejecutadas por
los organismos públicos CoRPoZulIA y CARBoZulIA, o mediante el sistema de
concesiones a empresas trasnacionales. la explotación del carbón en la Sierra de Perijá y
su impacto en las comunidades indígenas ha sido denunciada por varias organizaciones
sociales e indígenas Yukpa y Barí, quienes han solicitado de forma expresa la derogación
de las concesiones mineras en la zona. 96 las primeras concesiones mineras datan del año
1973, cuando el entonces Ministerio de Energía y Minas otorgó a la Corporación para el
desarrollo del Estado Zulia los permisos para la exploración y desarrollo del carbón del
Guasare. Han sido muchas las empresas que han solicitado permisos para la explotación
de 84 lotes mineros ubicados a lo largo del piedemonte de la Sierra de Perijá y la Planicie
del Catatumbo, los cuales suman un total de 256.275 hectáreas, distribuidos en cinco
municipios. durante el año 2004, el Ministerio de Energía y Minas aprobó dos solicitudes
mediante las cuales autorizaba la explotación de carbón en dos concesiones llamadas
Guaracuya I y Guaracuya II a la Corporación Carbones de Perijá C.A. 97
Según información pública el otorgamiento de estas concesiones originó un gran malestar
entre las comunidades indígenas de la zona y grupos ambientalistas, debido al grave
impacto ambiental que genera la actividad, sobre todo por la devastación de extensiones