Descargar (pdf) - iwgia

CAPÍTulo 8 • JuRISdICCIóN ESPECIAl INdÍGENA I 281
“los pueblos indígenas, como parte de un Estado nacional, deben aceptar limitaciones
en su autonomía que se derivan del hecho de ser parte de este Estado, así como el
Estado nacional ha cedido parte de su autonomía al conceder derechos a los pueblos
indígenas. Una de las principales propuestas y acogidas alude al respeto de los derechos
humanos fundamentales dentro de los pueblos indígenas (…). Estos dos conjuntos
de derechos, los diferenciados de grupo y los individuales, pueden sin embargo,
entrar en contradicción. Los derechos individuales, nacidos dentro de la tradición
liberal occidental, no necesariamente hacen parte de las cosmovisiones de los grupos
indígenas. El despliegue de la autonomía de cada pueblo indígena puede implicar la
violación de los derechos individuales de sus miembros. ¿Cuál derecho debe prevalecer
entonces: el derecho del grupo o el derecho del individuo miembro del grupo? La respuesta
no es fácil. Si se hace prevalecer el derecho del individuo, se está exigiendo que
el grupo adopte los valores de la tradición liberal y con ellos una forma distinta de ver
el mundo, lo que es contrario a la filosofía que inspira los derechos de grupo, v.gr. la
que sostiene que cosmovisiones distintas de la liberal también son valiosas. Si se hace
prevalecer el derecho del grupo, por otra parte, se deja al individuo que hace parte del
grupo sin ninguna protección del Estado al que pertenece. La mejor alternativa frente
a esta disyuntiva es la de balance, o como planteaba Aristóteles, la de encontrar el
justo medio, un término medio.” 11
Para concluir observamos que estamos iniciando seriamente las luchas en el ámbito jurídico
para lograr que se reconozca en la práctica esta manera de hacer justicia reconocida
ya constitucionalmente, en la cual se visibilizan la diversidad cultural en nuestro país y las
distintas maneras de resolver conflictos, sobre todo cuando vemos un sistema penal que
es insuficiente con la cantidad de casos y el cómo tratarlos sin pasar por la burocrática que
implica el sistema de justicia. Si bien es cierto aún el Estado venezolano está en mora con
la aprobación de la ley de Coordinación entre la Justicia Indígena con el Sistema de Justicia
Nacional, lo importante es que los administradores de justicia entiendan esta nueva
forma de concebir el derecho sobre todo en un Estado social de derecho y de justicia,
multiétnico y pluricultural.
Notas
1. Jimai Montiel Calles es indígena Wayúu, fue defensor
público indígena y actualmente es juez penal del Área
Metropolitana de Caracas.
2. Grijalva Agustin. 2009: El Estado plurinacional e
intercultural en la Constitución ecuatoriana de 2008.
En derechos ancestrales. Justicia en contextos plurinacionales.
Quito. Ministerio de Justicia y derechos
Humanos; p.390.
3. Kymlicka Will. 2009: derecho de las minorías en la
filosofía política y el derecho internacional. En derechos
ancestrales. Justicia en contextos plurinacionales.
Quito. Ministerio de Justicia y derechos Humanos; p.
8.
4. Zaffaroni Eugenio. 2009: Consideraciones acerca
del reconocimiento del pluralismo cultural en
la ley penal. En www.cienciaspenales.net. Comisión
de reforma integral del código penal de
Bolivia; p.4.
5. Yrigoyen fajardo Raquel. 1999: Criterios y pautas
para la coordinación entre el derecho indígena y el
derecho estatal. En Pautas para el reconocimiento
constitucional del derecho indígena y su coordinación
con el derecho estatal. Guatemala. Fundación
Myrna Mack; p.1
6.www.tsj.gov.ve/informacion/
notasprensa/2002/050402-3.htm
7. www.ine.gob.ve/demografica/pobedadcomunindigena.htm
8. Corte constitucional de Colombia: sentencias c-349
y c-037-96.