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CAPITulo 1 • loS dERECHoS CoNSTITuCIoNAlES dE loS PuEBloS INdÍGENAS I 17
cimiento de la igualdad entre las culturas. A partir de tal situación, deberían los distintos
sujetos colectivos estar en condiciones para entablar un equilibrado diálogo intercultural
desde el que paulatinamente se avance en la conformación de unos parámetros axiológicos
compartidos.
El pluralismo cultural no significa un absoluto pluralismo ético y la igualdad de las
culturas se predica respecto de parámetros valorativos que deben converger en la consideración
de la dignidad humana como valor superior, como límite de lo decidible. El punto
clave está en que, a diferencia de la situación actual, no puede existir un único intérprete,
un traductor privilegiado de lo que deba entenderse por “dignidad humana”; el Estado
intercultural, dialógico, es el que permite la construcción de un horizonte común de sentidos
desde las aproximaciones de las distintas culturas existentes.
Pese a que en ocasiones se quiera presentar de manera distinta, tras la mayor parte
de las movilizaciones indígenas y afrodescendientes se halla la voluntad de reformular el
pacto de convivencia, no de eliminarlo sin más.
El reconocimiento constitucional del fin del paradigma del Estado como manifestación
de la unidad jurídica y de poder no desactivará, en sí mismo, las amenazas que se
ciernen sobre los derechos y las libertades subjetivas. El pluralismo jurídico no es sinónimo
de más democracia; todo depende de que se asegure la limitación de todos los centros
de poder mediante efectivos, aunque diversos, mecanismos de control y de participación
democráticos. Ese es el reto del Estado intercultural, si además de intercultural se pretende
social y democrático, esto es, constitucional en sentido material. Entre tales mecanismos,
el Estado intercultural, necesariamente, debe procurar que los distintos centros de
poder actúen de manera no aislada sino interrelacionada, de manera que existan tendencias
de recíproco equilibrio en la construcción del espacio común de convivencia.
En efecto, la interculturalidad del Estado conlleva que no baste el reconocimiento de
la existencia de múltiples culturas (multiculturalidad), sino que los distintos poderes de
dimensión pública queden obligados a garantizar unas condiciones equitativas de participación
en el diálogo entre dichas culturas (interculturalidad). Sin la promoción de dichas
condiciones, que apuntan también a la construcción de identidades inclusivas, se abona
el terreno de la dominación de la cultura o culturas hegemónicas sobre las minoritarias,
por mucho que estén reconocidas constitucionalmente.
Es pronto para afirmarlo pero seguramente podamos encontrar el germen de lo referido
en el proceso constituyente boliviano que aunque ya conozca un primer resultado, la
Constitución aprobada en referéndum en 2009, no se puede decir que se trate de un proceso
cerrado. Pese a los importantes recortes que el texto constitucional finalmente aprobado ha
experimentado como “peaje” para desencallar el bloqueo en el que se encontraba el proceso
de su aprobación, 7 se trata de un importante paso adelante en el desarrollo de un constitucionalismo
verdaderamente pluralista e incluyente. Su complejidad, el carácter de este texto
y el hecho de que en buena medida el proceso de transformaciones del Estado boliviano
esté todavía abierto, impiden que podamos en este texto dedicarle una atención mayor.
de manera muy tangencial, veamos el contenido de algunas de sus disposiciones. En
su artículo primero se empieza a concretar el propósito marcado en el Preámbulo consistente
en refundar Bolivia como Estado Plurinacional, al establecer la forma del Estado en
los siguientes términos: “Bolivia se constituye en un Estado unitario Social de derecho