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El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
“La jurisdicción especial indígena tendrá competencia para conocer de solicitudes o
conflictos que involucren a cualquier integrante del pueblo o comunidad indígena.
Las personas que no siendo integrantes de la comunidad pero que encontrándose
dentro del hábitat y tierras indígenas cometan algún delito previsto en la legislación
ordinaria, podrán ser detenidas preventivamente por las autoridades legítimas, las
cuales deberán poner al detenido a la orden de la jurisdicción ordinaria conforme a lo
dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal”.
El legislador venezolano justificó esta clase de competencia en la exposición de motivos
de la loPCI, bajo una interpretación intercultural:
“Por lo general las instituciones de justicia indígena resuelven controversias entre indígenas
dentro de su hábitat. Sin embargo pueden darse casos en los cuales instituciones
indígenas tengan competencia para juzgar a no indígenas. En una sociedad multicultural
y pluriétnica, como la postula la Constitución, las distintas culturas, incluyendo
sus sistemas de derecho, tienen el mismo valor en la vida pública y merecen el mismo
respeto”.
En principio, el derecho consuetudinario indígena sólo es aplicable a las personas indígenas
que se encuentren conviviendo dentro del hábitat indígena debidamente delimitado.
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Qué sucedería con aquellas personas no indígenas que
habiten dentro de estos espacios y se encuentren vinculados por lazos personales con
miembros indígenas, compartiendo por tiempo prolongado su idioma y costumbres?
Pues bien, cónsona con la letra del artículo constitucional 260, el legislador resolvió la
hipótesis de la persona no indígena integrada a una cultura ancestral cuando estableció en
el parágrafo único del artículo 132 de la loPCI lo siguiente: “se entenderá por integrante
toda persona indígena que forme parte de una comunidad indígena. También se considera como
integrante toda persona no indígena integrada por vínculos familiares o por cualquier otro nexo
a la comunidad indígena, siempre que resida en la misma”. de manera pues que, a diferencia
de lo que se establece en otras constituciones latinoamericanas, las autoridades indígenas
pueden aplicar instancias de justicias a los integrantes (indígenas o no indígenas) que se
encuentren desarrollándose social y culturalmente dentro del hábitat indígena.
8. Garantías específicas de los indígenas en los procesos judiciales
El Capítulo II del Título VII de la loPCI denominado “de los derechos de los Pueblos
y Comunidades Indígenas y sus Integrantes ante la Jurisdicción ordinaria”, estableció una
seria de garantías procesales específicas en aquellos casos en los cuales los miembros integrantes
de pueblos y comunidades indígenas sean victimarios, imputados o acusados
en procesos penales por la comisión de hechos punibles cometidos fuera de sus hábitat
indígenas, pues tienen el “derecho a conocer su contenido, efectos y recursos, contar con defensa
profesional idónea, el uso de su propio idioma y el respeto de su cultura durante todas las fases
del proceso” (artículo 137 loPCI). de igual modo, gozan de los mismos derechos cuando
éstos sean agraviantes o demandados en juicios de naturaleza civil, mercantil, laboral o de