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CAPÍTulo 8 • JuRISdICCIóN ESPECIAl INdÍGENA I 275
Cabe resaltar que estos defensores están distribuidos en cuatro estados de la República,
siendo ellos, Zulia (12), delta Amacuro (02), Monagas (03) y Amazonas (03),
quedando otros estados pendientes de designación en esta especialidad.
En el análisis de causas asumidas durante los seis primeros meses del año 2010, por
los defensores públicos a nivel nacional se ha encontrado que el estado Zulia es quien
tiene el mayor número de causas aceptadas con esta especialidad, con un total de seiscientas
ochenta y cinco causas, seguido por los estados Amazonas con ciento diez, delta
Amacuro con cincuenta y Monagas con cuarenta causas, aproximadamente.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la población indígena en Venezuela
está concentrada en ocho estados siendo los más poblados en orden los siguientes: Zulia,
Bolívar, Amazonas, delta Amacuro, Anzoátegui, Apure, Monagas y Sucre. Tomando
como parámetro dichas estadísticas podemos observar que el estado Bolívar es el segundo
en cantidad con pobladores indígenas, lo que ameritaría la presencia de estos defensores
especializados en esa entidad, tomando los criterios establecidos en la ley orgánica
de la defensa Pública. 7
Ahora bien, a pesar de todos los avances que ha tenido esta institución en el reconocimiento
del derecho a la defensa de los pueblos indígenas y de tener más de ocho años de
experiencia desde la designación de los primeros funcionarios con esta competencia, son
pocos los casos en los cuales un defensor haya realizado y fundamentado una solicitud de
declinatoria de competencia a la jurisdicción especial indígena y esta haya sido aceptada
y declarada con lugar por un tribunal en la República Bolivariana de Venezuela. Es procedente
en este momento hacer referencia a un par de casos tomados como ejemplo para
este trabajo el cual servirá para su análisis:
3. Caso de un Tribunal Penal del estado Amazonas
El primero de los casos se refiere a una decisión acordada por el Tribunal Segundo de Primera
Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas
en abril de 2009, y en el cual participó un defensor público de ese Estado. Varias jóvenes
pertenecientes a la Comunidad Indígena Serranía pertenecientes al pueblo indígena Jivi,
fueron presentadas ante ese tribunal por la presunta comisión del delito de lesiones leves,
decidiendo que las actuaciones iban a ser declinadas a la jurisdicción indígena y de esta
manera sería el jefe de la comunidad indígena Serranía quien impusiera las sanciones utilizando
los usos y costumbres.
la motivación de dicha decisión es bien explícita en su contenido:
“Este juzgador, oídas las argumentaciones esgrimidas por las partes y analizadas las
actas que conforman la presente causa, considera que en el presente caso se debe
aplicar preferentemente lo consagrado en el artículo 260 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (…). Aunado a ello tenemos lo consagrado
en el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(…) Como corolario es oportuno destacar lo que ha llegado a establecer la doctrina
(…) ´la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, permite ampliar el sentido de la consagración constitucional de la jus-