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CAPÍTulo 8 • dESARRollo dE lA JuRISdICCIóN ESPECIAl dE loS PuEBloS INdÍGENAS I 253
la citada jurisdicción. Además, la restricción de la competencia material de la jurisdicción
indígena vulneraría los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas,
reconocidos por la referida declaración de las Naciones unidas sobre los derechos
de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la oIT y en la propia Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela. En este orden de ideas Raquel Yrigoyen Fajardo
sostiene que:
“Jurídicamente, pueden regular y conocer todas las materias, sin límite alguno de
cuantía o gravedad. Es más, el Convenio 169 de la OIT especifica que se respetarán
los métodos de control penal de los pueblos indígenas, por lo cual inclusive es claro
que la materia penal es de conocimiento del DI. A diferencia del sistema colonial y del
modelo republicano integracionista, no se limita las materias que pueda conocer el DI
a casos de menor gravedad o de mínima cuantía. En síntesis, el derecho y la justicia
indígenas están facultados para regular y resolver situaciones y conflictos en todo tipo
de materias, sin importar la gravedad o cuantía de las mismas.” 34
Al respecto, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado delta
Amacuro, en decisión de fecha 13 de septiembre de 2010, se ajustó a los parámetros
sobre jurisdicción indígena establecidos en la Carta Magna, y ordenó la remisión
de un caso grave (violencia sexual en contra de una menor de edad perteneciente a
la comunidad Warao), al conocimiento de las autoridades de dicho pueblo, estableciendo
que:
“… Si bien es cierto, la justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico, y el
principio de equidad corresponderá a los patrones culturales y no conforme a un derecho
ajeno, la Jurisdicción Indígena es especial y autónoma en sentido estricto, al igual
que la Jurisdicción Militar y la Justicia de Paz (…). En este sentido, la Corte de Apelaciones;
deja claro que evidentemente, de conformidad con el articulo 334 ibídem,
los Jueces deben asegurar la integridad de la Constitución, y está claro también que
el artículo 260 de la Constitución también menciona que las autoridades indígenas
“podrán” aplicar en su hábitat instancias de justicia”.
Así pues, en este caso la Corte de Apelaciones del Estado delta Amacuro se inclinó por
el reconocimiento de la jurisdicción indígena, declinando la competencia con la condición
de que se practicara el informe socio-antropológico exigido por la loPCI, y que se
demostrara la existencia de las autoridades legítimas a través de los medios idóneos para
ello, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la referida ley orgánica, como requisito
sine qua non para remitir las actuaciones a dicha jurisdicción especial de acuerdo a lo
prescrito en el artículo 134 numeral 4 ejusdem.
7.4. Competencia personal
Por último, el numeral 4º del artículo 133 de la loPCI reconoce la competencia personal
a las autoridades indígenas en el tenor siguiente: