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CAPÍTulo 8 • dESARRollo dE lA JuRISdICCIóN ESPECIAl dE loS PuEBloS INdÍGENAS I 239
Precisamente en eso consiste el pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia de varios
sistemas normativos dentro de un mismo espacio territorial:
“Los sistemas tradicionales no requieren de un aparato burocrático extenso ni especializado
ya que cada uno de los miembros de la comunidad conoce el proceso de
juzgamiento, desde que es niño. No existe distinción entre conflictos civiles, penales o
de cualquier otra naturaleza porque el parámetro de conducta inapropiada está dado
por la afectación de las actuaciones humanas a la armonía con la comunidad y para
con la naturaleza. Esta paz puede ser importunada por la injerencia del “otro”, lo que
obliga a la comunidad a crear mecanismos de autodefensa.” 11
Más adelante, este mismo trabajo señala que este sistema jurisdiccional es gratuito: no hay
pago de abogados, tasas judiciales ni de informes periciales; las personas afectadas por un
hecho acuden directamente y sin previa cita a la autoridad, evitando así que las partes “se
desgasten sicológica ni emocionalmente, por ser un proceso expedito.” 12
2. Normas internacionales de rango constitucional que reconocen
la jurisdicción indígena
Existen dos instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Gobierno venezolano
que reconocen el derecho propio y la jurisdicción indígena, a saber:
2.1. Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
El Convenio 169 de la o.I.T. 13 fue el primer documento internacional que reconoció el
derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y la potestad a las autoridades indígenas
para aplicar justicia en sus territorios. Así, el artículo 7 del convenio establece que
se deberá tener en consideración el derecho consuetudinario de estas poblaciones. Por
su parte, el artículo 8.2 consagra el derecho de los pueblos indígenas de ”conservar sus
costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos (…)”
Igualmente, el artículo 9.1 establece además la posibilidad de emplear métodos de
control social propios de los pueblos en cuestión cuando sean sus miembros quienes cometan
delito, como vía alterna a la función punitiva, pero siempre respetando los derechos
humanos reconocidos en el orden interno e internacional. En materia penal, la disposición
9.2 ordena expresamente a las autoridades y tribunales a tomar en cuenta las costumbres
de dichos pueblos. Finalmente, el artículo 10 expresa que en los casos de imposición de
sanciones penales previstas en la ley, deberán tenerse en cuenta las características económicas,
sociales y culturales de los miembros indígenas sometidos a su potestad jurisdiccional,
dando preferencia a tipos de sanciones distintas a la del encarcelamiento, con lo cual incide
en forma directa en el régimen penitenciario y en la fase de ejecución de sentencia.