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CAPÍTulo 6 • lA PRoTECCIóN dEl dERECHo A lA PRoPIEdAd INTElECTuAl ColECTIVA I 171
de bienes y servicios”, establecido en el art. 23 lPCPCI. En el marco de este artículo, los
símbolos autóctonos constituyen signos distintivos de carácter colectivo. Sin embargo,
la lPCPCI no califica estos símbolos autóctonos como pertenecientes a alguna de las
categorías de signos distintivos tradicionalmente reguladas por la propiedad intelectual,
es decir: indicaciones geográficas, marcas de certificación o marcas colectivas. Al respecto
puede afirmarse que estos símbolos autóctonos no constituyen indicaciones geográficas
–en el sentido del art. 22 núm. 1 AdPIC–, ya que no indican que el producto al cual se
asignan sea originario de un territorio determinado, sino que indican el pueblo o comunidad
de origen. Estos símbolos pueden, además, usarse para identificar no sólo productos
–como ocurre con las indicaciones geográficas–, sino también servicios.
Por otra parte, puede decirse que los símbolos establecidos en el art. 23 lPCPCI se
diferencian de las marcas de certificación, pues la ley no establece ni los requisitos que el
bien o servicio debe cumplir para poder ser identificado mediante el símbolo registrado,
ni el órgano encargado de certificar que se hayan cumplido tales requisitos, aunque esto
bien podría ser regulado en un instrumento normativo diferente. En todo caso, los símbolos
autóctonos no podrían ser usados por cualquier persona interesada cuyo producto
cumpla con los requisitos de certificación, sino sólo por integrantes de una comunidad o
pueblo indígena. Finalmente, los símbolos autóctonos del art. 23 lPCPCI podrían considerarse
marcas colectivas en la medida en que la comunidad o pueblo titular del símbolo
pueda ser identificado.
En general, es de hacer notar, sin embargo, que, a diferencia de lo que ocurre con los
signos distintivos tradicionalmente regulados por las normas de propiedad intelectual, el
uso de dichos símbolos autóctonos no es facultativo. de acuerdo con el texto del art. 23
lPCPI, las comunidades y pueblos tienen el deber de usar los símbolos autóctonos, no
sólo en los intercambios comerciales, sino también en sus prácticas económicas tradicionales,
y esto –según se desprende de la norma– aun cuando los símbolos no hayan sido
registrados.
2. Los aspectos políticos de la protección
la exposición que sigue sobre los aspectos políticos de la protección ofrecida por el artículo
124 CRBV y desarrollada en la legislación respectiva girará en tono a la idea de que
las políticas públicas constituyen un mecanismo de concreción de los derechos reconocidos.
En otros trabajos 38 hemos señalado que el contenido de la norma constitucional per
se no determina su aplicabilidad, puesto que son las condiciones de su instrumentación
y de su puesta en práctica lo que la hacen efectiva. En efecto, la condición necesaria para
el ejercicio de derechos reconocidos, como el referido a la protección de la propiedad
intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, estipulado en el articulo
124 CRBV, vendría a entrar en el diagnóstico que debe de hacerse en torno al estatus de
los derechos indígenas, en general y, fundamentalmente, de los derechos territoriales, en
particular. Es así como en lo sucesivo nos proponemos demostrar que el desarrollo de
cualquier derecho indígena reconocido está en correspondencia con la materialización
del derecho al territorio.