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El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
“Articulo 77. El defensor Público o defensora Pública de Indígenas, deberá
conocer la cultura y derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Preferiblemente
deberá ser hablante del idioma indígena del cual proviene, ejerce sus
funciones para garantizar la representación y defensa de los indígenas en toda la
materia y ante todas las instancias administrativas y judiciales y ocupará el grado
en escalafón según el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley.”
“Artículo 78. Son atribuciones de estos funcionarios o funcionarias las siguientes:
1. Asesorar, asistir, y representar jurídicamente a los indígenas ante las autoridades
jurisdiccionales y administrativas del Estados, pudiendo ejércelas
con apoyo de cualquier otro defensor Público o defensora Pública que por
su competencia lo amerite
2. Garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del
Estado en todos los juicios y procedimientos que involucren individual o
colectivamente a los indígenas, tomando en cuente sus prácticas jurídicas y
específicas.
3. Aplicar los sistemas normativos en regulación y solución de conflictos internos de
tales pueblos, con respecto a las garantías individuales, los derechos humanos y, en
particular, la integridad de las mujeres.
4. Velar por el acceso colectivo indígena al uso y disfrute de los recursos naturales
de sus tierras y territorios.
5. Velar por el respeto y enriquecimiento de todos los elementos de todos que
configuren la cultura e identidad indígena y combatir cualquier forma de
discriminación
6. la demás que le atribuya esta ley y su reglamento.”
En el marco de estas disposiciones legales, la dirección de la defensa Pública Nacional,
ha organizado en las diferentes regiones del país con población indígena, todo un sistema
nacional de defensa pública indígena, mediante la designación de defensores y defensoras
de indígenas principalmente en el ámbito penal, pero también en otras áreas administrativas
como los asuntos agrarios propiamente indígenas. los defensores y defensoras
indígenas han realizado un importante y significativo trabajo en las regiones mediante la
defensa judicial penal de miembros de pueblos indígenas juzgados por la jurisdicción penal
ordinaria. En estas instancias la defensa Pública indígena ha promovido la aplicación
por parte de los tribunales, de la normativa específica contenida en el Convenio 169 de
la oIT y la ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas relativa a los indígenas
que son llevados a la jurisdicción ordinaria del Estado, normas procesales, condiciones de
reclusión y régimen específico de cumplimiento de penas.
la defensa Pública también ha promovido en estos años de vigencia de la Constitución,
la aplicación de la jurisdicción especial indígena y cuenta con especialistas para
asistir, defender y proteger a los 44 pueblos indígenas del país, ubicados principalmente
en los estados Amazonas, Apure, Anzoátegui, Bolívar, delta Amacuro, Monagas, Sucre y
Zulia. En este sentido, representantes de la defensa Pública explican que: