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CAPÍTulo 8 • CoMENTARIoS GENERAlES A loS CASoS dE APlICACIóN dE lA JuRISdICCIóN ESPECIAl INdÍGENA I 285
Internacional del Trabajo (oIT) ratificado por la República, y de conformidad al artículo
23 de la Constitución, los cuales tienen vigencia plena con rango constitucional y son de
aplicación inmediata. Esto implica que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de
desarrollar acciones coordinadas para proteger los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas y deben dar preferencia a los tipos de sanciones distintos al encarcelamiento
tal como disponen los artículos 3, 4, 8. 9 y 10 del Convenio 169 de la oIT.
3. Jurisdicción especial indígena. Comentarios
destacamos que en el Titulo VII de la ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,
se prevé lo relativo a la “Jurisdicción Especial Indígena”, denominación que significa
la capacidad que tienen las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas
de decidir y aplicar de acuerdo con su derecho propio y conforme a los procedimientos
tradicionales y de forma autónoma y definitiva, definiendo las controversias que se
susciten entre sus integrantes, dentro de sus hábitats y tierras. Esta potestad, si bien es
llamada jurisdicción, realmente es una competencia de las autoridades legítimas indígenas,
quienes la ejercen en nombre del Estado como función jurisdiccional especial, y que
no está conformada por tribunales, sino por autoridades legítimas indígenas. las comunidades
y pueblos indígenas tienen personalidad jurídica a los fines del ejercicio de los
derechos colectivos, por lo que son sujetos de derechos y obligaciones, y por medio de
sus autoridades legítimas ejercen el poder sobre los demás miembros que las integran y su
representación es determinada según sus tradiciones, usos y costumbres, atendiendo a su
organización propia, sin mas limitaciones que las establecidas en la Constitución y la ley
(artículo 7 de la ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas).
una vez analizadas las decisiones de reciente data provenientes del Tribunal Supremo
de Justicia, en especial de su Sala Constitucional (Sentencia de fecha 27 de julio de
2007 y Sentencia de fecha 30 de julio de 2010) en el caso de los caciques Yukpa, Sabino
Romero, olegario Romero y Alexander Fernández, se observa que las decisiones
correspondientes agudizan las confusiones con relación a una armónica competencia
constitucional, establecida en la jurisdicción especial indígena. las fundamentaciones de
dichas decisiones implican un reconocimiento virtual de esos derechos constitucionales
para las comunidades y pueblos indígenas, pero en las mismas se aducen elementos de
carácter común, que son prácticas diarias y de convivencia pública, estableciéndose ciertos
requisitos genéricos que las hacen concurrentes, con sentido más teórico y en cierta
forma contrarias a las metodologías que en nuestra jurisdicción son elementales y consuetudinarias.
Además, es el caso que en una de esas sentencias del alto Tribunal en Sala
Constitucional de fecha 30 de julio de 2010, con ponencia de su presidenta la magistrada
luisa Estella Morales lamuño, no se consideraron los razonamientos fundamentados
por la defensa de los indígenas, aún cuando se dejó constancia en dicha decisión de los
tres elementos concurrentes para que se reconozca en el ámbito judicial la jurisdicción
especial indígena según lo alegado por la defensa: “con fundamento en el hecho de que en la
referida causa (…) están cumplidos los tres elementos esenciales de la jurisdicción indígena en
este caso, es decir, las partes involucradas son integrantes del pueblo Yukpa, el lugar donde ocu-