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CAPÍTulo 9 • loS óRGANoS dEl ESTAdo Y lA PolÍTICA INdÍGENA NACIoNAl I 355
nocido acciones permanentes de los órganos de seguridad del Estado (Ejército y Guardia
Nacional) para vigilar y controlar el área. Por su parte en el Parque Nacional Yapacana y
en el Río Siapa los operativos de control han sido puntuales y sin continuidad por lo que
una vez que los cuerpos militares abandonan el área los mineros vuelven a desarrollar sus
actividades de explotación y destrucción ambiental.
En el año 2003, la defensoría del Pueblo en el estado Amazonas realizó un informe
sobre la minería ilegal en la región, y solicitó la intervención del Ministerio de la defensa,
del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales debido a los graves daños ambientales
y a las comunidades indígenas que se estaban produciendo en el río Siapa (Cerro
Aracamoni) y en el Parque Nacional Yapacana por la práctica de la minería ilegal. En la
solicitud se pidió la intervención de las autoridades nacionales a los efectos de coordinar
esfuerzos para un plan de vigilancia y control permanente que permitiera erradicar la
minería ilegal en el Estado Amazonas. Representantes de las comunidades indígenas manifestaron
a la defensoría del Pueblo que:
“La Minería ilegal estaba generando un impacto ambiental muy negativo en ecosistemas
selváticos de alta fragilidad ecológica, ocasionando destrucción de los cursos de
agua intermitentes y/o permanentes, desviación de los cauces naturales de los ríos, alteración
de la topografía, sedimentación en los cursos de agua, aceleración del proceso
erosivo de los suelos, acumulación de desechos sólidos no biodegradables, alteración
y deterioro del paisaje natural y emigración de la fauna de sus hábiats naturales. De
igual manera indican, que los mineros ilegales han comenzado un conjunto de agresiones
hacia la población yanomami ubicada en el río Siapa, así como un impacto
grave sobre la salud y el contexto cultural de las comunidades indígenas asentadas en
el lugar. Por otra parte señalan que los mineros continúan entrando por el Casiquiere,
evadiendo los controles de las autoridades competentes, quienes supuestamente no
han realizado actuaciones efectivas para evitar el paso de estos ciudadanos extranjeros
en situación ilegal. En el mismo sentido expresan que no se han ejecutado planes
de vigilancia y control en la zona.” 89
la defensoría del Pueblo manifiesta en su informe que representantes de la comunidad
indígena de Guarinuma (río Atabapo), y otros habitantes de las comunidades del Municipio
Atabapo, denunciaron la problemática con relación al paso ilegal de ciudadanos
colombianos y brasileños, a través del Caño Caname, afluente del Río Atabapo, el cual
es utilizado por estos para llegar hasta el río orinoco y dirigirse hasta las minas en el Parque
Nacional Yapacana, donde se dedican a practicar la minería ilegal, evadiendo de esta
forma los controles de la Guardia Nacional en Santa Bárbara, en el río orinoco. Al igual
agregaron que la práctica de la minería ilegal en el lugar estaba generando un conjunto de
daños y un impacto ambiental muy negativo en todo el ecosistema del Parque Nacional
Yapacana, con graves consecuencias no sólo para el ambiente, sino para las comunidades
del área de influencia. En el informe de la institución defensorial se destaca que la situación
se había presentado en varias oportunidades al destacamento Nº 94 de la Guardia
Nacional en el Municipio Atabapo y que no habían obtenido respuesta efectiva mediante
acciones de control. Estas denuncias y acciones motivaron a que la Guardia Nacional a
través del Comando Regional Nº 9 con sede en Puerto Ayacucho, ejecutara coordinada-