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CAPÍTulo 8 • dESARRollo dE lA JuRISdICCIóN ESPECIAl dE loS PuEBloS INdÍGENAS I 257
Se trata pues de una garantía procesal irrenunciable, cuya vulneración dentro del
proceso penal acarrea la nulidad absoluta, conforme a las prescripciones establecidas en
los artículos 190, 191 y 195 del CoPP, por tratarse de un derecho fundamental.
No obstante las exigencias anteriores, si un indígena o los representantes de una
comunidad accionan en juicio en el idioma castellano -aún a través de sus apoderados
judiciales o defensores-, no podrán pretender que el Tribunal esté en la obligación de
colocarle un traductor para la traducción de las actas al idioma indígena, tal como lo dejó
sentando la Sala Constitucional en la sentencia del 20 de diciembre de 2000 (caso pueblo
Pemón contra EdElCA), sin violar por ello el derecho a la defensa, pues en ese caso
sostuvo que existía la presunción del dominio de la lengua castellana.
8.4. Presentación de los informes periciales
la exigencia de la realización de los informes periciales en los procesos penales donde se
encuentran involucrados indígenas, constituye un requisito procesal de suma importancia
por su valor antropológico que puede permitir la solución del caso criminal desde una
perspectiva intercultural. El artículo 140 de la loPCI dispone lo siguiente:
“En los procesos judiciales en que sean parte los pueblos y comunidades indígenas o
sus miembros, el órgano judicial respectivo deberá contar con un informe socio-antropológico
y un informe de la autoridad indígena o la organización indígena representativa,
que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El informe socio-antropológico
estará a cargo del ente ejecutor de la política indígena del país o profesional idóneo”.
En Colombia se les conoce también como peritaje antropológico, dictamen cultural o dictamen
pericial, practicados por peritos profesionales que generalmente son antropólogos
o etnólogos y cuyo objetivo principal es la de analizar el control social punitivo del pueblo
al cual pertenece el indígena investigado, sus procedimientos, instituciones propias
y sanciones, con la finalidad de proporcionar “herramientas que permitan acercar y hacer
entendibles los sistemas normativos de ambas culturas.” 37 Al respecto, Esther Sánchez Botero
sostiene que el peritaje antropológico:
“ofrece interpretaciones y presenta elementos de la diversidad, busca que se correspondan
efectivamente con lo que se evidencia de la cultura de una sociedad; señala las
motivaciones que conducen a ciertos comportamientos, lo que permite interpretar los
hechos bajo el marco específico de una cultura. La interpretación antropológica que
ofrece el peritaje es una lectura entre otras que también se ofrece a los jueces y defensores
y que, contrastada con los propios indígenas como peritos y con otros peritos
antropólogos, se enfrenta a la condición de verdad en tanto posibilidad” 38
Concretamente se trata de dos informes: el socio antropológico, el cual lo realiza el ente
oficial o ejecutor de la política indígena del país, que en principio es el Ministerio del
Poder Popular de los Pueblos Indígenas, y otro informe que realiza la autoridad indígena
sobre el miembro o integrantes de una comunidad que se encuentran involucrados en el