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El ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
bajo régimen de administración especial en hábitat indígenas definirán y regularán los usos
permitidos, el Estado está reconociendo expresamente que no hay una imposibilidad material
para la coexistencia en un mismo territorio de ambas figuras jurídicas, esto es, la demarcación
del hábitat y tierras indígenas, y las áreas bajo administración especial.
otros aspectos particularmente negativo de los títulos y que no se corresponde con
el espíritu de las normas constitucionales y la propia ley orgánica de Pueblos y Comunidades
Indígenas, es que los documentos hacen referencia a los derechos legítimamente
adquiridos por terceros y a las actividades que en virtud de ellos se desarrollen, lo cual
pareciera ser una forma de legitimación de derechos a terceras personas que han ocupado
tierras tradicionalmente indígenas. En todo caso lo que los títulos deberían establecer
es que sobre las tierras indígenas reconocidas se podrán aplicar procesos de saneamiento
respecto de aquellos terceros que pretendan derechos sobre las mismas. Esto ha sido
cuestionado abiertamente por varias de las comunidades beneficiadas y por varias organizaciones
indígenas a nivel nacional. Como positivo destaca el hecho de que se reafirma
el principio constitucional de que el aprovechamiento de los recursos naturales en hábitat
y tierras indígenas, incluyendo los recursos del subsuelo se debe hacer sin lesionar la
integridad de los pueblos respectivos, la promoción del etnodesarrollo y la protección
ambiental. Sin embargo, los aspectos vinculados a la incapacidad de disposición de los
hábitats y tierras indígenas (inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles)
debieron quedar mejor redactados en términos de las limitaciones que implica una
propiedad especial como la propiedad colectiva indígena. Todo esto muestra la deficiencia
de los títulos otorgados, ya que se trata de un formato de titulo igual para todos los
pueblos y comunidades donde lo único que cambia es el nombre de quienes lo reciben
y las coordenadas de lo que se reconoce; pero lo más grave es que se dejan intactos los
intereses de terceros existentes en el espacio geográfico que se está reconociendo. No se
ha entendido que hay una diferencia sustancial entre los expedientes, los dictámenes y
los propios títulos, lo que está claramente delimitado en la ley orgánica de Pueblos y
Comunidades Indígenas.
4.4. Algunos conflictos y casos emblemáticos
Como se destacó anteriormente, la mayoría de las demarcaciones ejecutadas y tituladas
en el período descrito han sido delimitaciones realizadas en comunidades individualizadas
y con extensiones de tierras limitadas, razón por la cual algunos expertos han calificado
las mismas como verdaderas entregas de parcelas o lotes de tierras principalmente
en los estados Anzoátegui, Monagas y Apure, al más puro estilo de las extensiones y parcelamientos
del régimen agrario anterior a la Constitución de 1999, previsto en la ley de
Reforma Agraria de 1960, a través de las denominadas dotaciones. 39 Por el contrario, los
casos donde se han desarrollado propuestas de demarcaciones colectivas respetuosas de
la unidad territorial continua de algunos pueblos indígenas, han sido negadas o rechazadas
informalmente en su tramitación, lo cual ha generado varios conflictos. En otros
casos con demarcaciones individuales por comunidades, no se han reconocido tierras
en extensión suficiente, se han reducido los linderos y se ha buscado beneficiar y reco-