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El ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
porque, si bien la legislación les reconoce algunos derechos en relación con materiales
bióticos y genéticos existentes en sus territorios y los conocimientos tradicionales relacionados
con ellos –v. gr. información previa y consulta (art. 120 CRBV), derecho a negar
su consentimiento (art. 43 ldB)–, el hecho de que los pueblos indígenas no gocen del
derecho de propiedad –o de un derecho comparable a éste– sobre estos recursos puede
provocar tensiones capaces de hacer tropezar el ejercicio de derechos reconocidos. Este
es un tema que aún no ha sido resuelto y, por tanto, debe ser abordado. Más adelante, en
la segunda parte de este capítulo, se ofrecen algunas propuestas para este debate.
la ldB, a diferencia de la Constitución, deja claro que el Estado ejerce los derechos
soberanos sobre los recursos de la diversidad biológica (art. 2) y que éstos conforman el
“patrimonio ambiental de la nación” (art. 3). una breve consideración merece, en este
contexto, la norma del art. 41 ldB. A primera vista, puede pensarse que el art. 41 ldB
reconoce derechos “de propiedad y de control” a favor de los pueblos y comunidades
indígenas sobre estos recursos. No obstante, este artículo lamentablemente adolece de
una redacción en sumo confusa que imposibilita desprender la anterior afirmación de
su interpretación gramatical. Aunado a ello, esta norma debe contrastarse con el claro
reconocimiento de los derechos soberanos del Estado sobre los recursos de la diversidad
biológica. En general, un reconocimiento del derecho de propiedad –o un derecho
comparable a éste– a favor de los pueblos y comunidades indígenas sobre los recursos
biológicos existentes en sus territorios podría ser compatible con los derechos soberanos
del Estado. No obstante, haría falta que, por un lado, tal derecho a favor de los pueblos
y comunidades indígenas se encuentre expresa y claramente establecido y que, por otro
lado, se regule su relación con los mencionados derechos soberanos del Estado.
1.2.3. Consulta previa, consentimiento informado previo y derecho a
negar el consentimiento
la Constitución exige expresamente al Estado que, al hacer uso de los recursos naturales
existentes en los hábitats indígenas, no lesione la integridad cultural, social y económica
de las comunidades indígenas. Contempla, además, el deber de informar previamente
y consultar a dichas comunidades (art. 120 CRBV), deber que está desarrollado en la
loPCI (arts. 54 y 59). 28 la inclusión del deber de información previa y consulta en la
Constitución de 1999 significó un logro muy importante, aun cuando podría sostenerse
que dicho deber tiene un alcance menor al de la exigencia del consentimiento informado
previo de las comunidades para el uso de estos recursos por parte de terceros. Sin embargo,
los conceptos de información y consulta previa, por una parte, y consentimiento
informado previo, por otra, no pueden ser separados de forma tajante. la necesidad de
conocer la opinión de las comunidades o pueblos consultados –exigida por el deber de
información y consulta previa– debe implicar la obtención de un consentimiento que ha
ser informado y previo a la realización de las actividades en cuestión. Así, esta exigencia
no sólo supone informar a las comunidades o pueblos interesados y conocer su opinión,
sino que supone, además, obtener su consentimiento. Esto conduce a que, sin su consentimiento,
la realización de un proyecto carezca de legitimidad y, en consecuencia, no pue-