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264 I
El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
10.7. Avocamiento de oficio de la Sala de Casación Penal
Estando la causa en la sede del Tribunal Primero de Juicio en la ciudad de Maracaibo, en
fecha 22 de julio de 2010, la Sala de Casación Penal del máximo Tribunal de la República,
con fundamento al artículo 18 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se
avocó al conocimiento del caso de los caciques yukpas, alegando que se trataba de un
“hecho público, notorio y comunicacional, que la presente causa ha perturbado la tranquilidad
y cotidianidad de la comunidad indígena del estado Zulia (etnia Yukpa)”, además por la
gravedad del hecho que produjo “conmoción social”, por lo que ordenó la remisión del
expediente al Circuito Judicial Penal del estado Trujillo y el traslado de los detenidos con
las medidas de seguridad.
10.8. Oposición de la excepción ante el Tribunal de Juicio
Así las cosas, y tomando como base lo acordado en la sentencia de la Sala Constitucional,
peticionamos la incompetencia del tribunal ante el juzgado Segundo de Primera Instancia
en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, donde se encuentra
la causa por radicación de oficio, la cual fue negada por la Corte de Apelaciones del Estado
Trujillo, por cuanto en esta fase las excepciones solo pueden interponerse junto con la sentencia
definitiva de acuerdo a lo pautado en el último aparte del artículo 31 del CoPP.
¿Qué significa todo lo antes expuesto? Que la Sala Constitucional ilegalmente creó una
“figura procesal” que no está prevista en el CoPP, para obligar a la defensa a pedir la declinatoria
de la competencia a la Jurisdicción Indígena en la fase de juicio, la cual ya había sido
negada, de modo que la apelación sobre la negativa fuera decidida por la Corte de Apelaciones
del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo junto con la sentencia definitiva.
Por supuesto, la decisión de la Corte de Apelaciones con respecto a la negativa de la
declinatoria a la Jurisdicción Indígena fue confirmada, obligando a la defensa a interponer
el correspondiente Recurso de Casación en su debida oportunidad bajo las pautas de la
referida sentencia Nº 810 de fecha 30 de julio de 2010, pronunciada por la Sala Constitucional,
según la cual no se han agotado los recursos internos.
10.9. Solicitud de Libertad bajo Fianza de los Acusados
En fecha 04 de marzo de 2011, la defensa solicitó la revisión de la medida de privación
judicial que pesaba sobre los detenidos por una medida menos gravosa, con fundamento
a lo dispuesto en el artículo 264 del CoPP y el Convenio 169 de la oIT, por lo que el
juez de la causa acordó la libertad bajo fianza, con la presentación de cuatro fiadores con
solvencia económica y moral, la cual se materializó el día martes 15 de marzo de 2011,
imponiendo ciertas restricciones a los acusados como no ausentarse de la jurisdicción del
tribunal, prohibición de ingerir bebidas alcohólicas y consumir sustancias prohibidas y un
pacto de no agresión, entre otras medidas.