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CAPÍTulo 6 • lA PRoTECCIóN dEl dERECHo A lA PRoPIEdAd INTElECTuAl ColECTIVA I 179
25. En guisa de conclusión: derechos territoriales indígenas y
protección de la propiedad intelectual colectiva
Varias son las conclusiones que nos abren caminos para la implementación efectiva de
los derechos indígenas reconocidos constitucionalmente. En primer lugar, es de indicar
que este conjunto de derechos son transversales en la CRBV, su presencia impregna el
texto desde su preámbulo hasta sus disposiciones transitorias. Además de ello y tomando
en cuenta el Convenio 169 de la oIT, ha sido vital la incorporación del derecho de
participación e información, ya que los pueblos indígenas deben ser consultados para la
exploración y explotación de los recursos que se encuentran en sus hábitats, siendo las
consultas vinculantes para el Estado.
otro aspecto que vale la pena destacar es el carácter general y difuso que puede identificase
en los derechos indígenas reconocidos. No existiendo claridad en una determinada
norma, a la aplicación de ciertos derechos podría contribuir la existencia de principios.
Hemos sido testigos de cómo el principio in dubio pro reo, en el caso de duda se favorece
al reo, ha trascendido a otros campos, dando lugar al principio in dubio pro operario, en
el caso de duda se favorece al trabajador, o al principio in dubio pro natura, el cual ordena
que en caso de duda se favorezca al ambiente. En el ámbito de la cuestión indígena podría
ocurrir análogamente y ser incorporado el principio in dubio pro indígena, de forma que
en caso de duda deba ser decidido a favor del indígena. la relevancia de esta propuesta
se manifiesta, naturalmente, de forma particular en materia procesal, pues el principio
propuesto habría de ser aplicado por los jueces.
Por último, queremos insistir en el tema de la autodemarcación. Hemos hecho hincapié
a lo largo de este capítulo en el hecho de que la concreción de los derechos indígenas
reconocidos 49 sólo puede hacerse efectiva a través de la materialización del art.
119 CRBV. Esto es posible únicamente mediante la demarcación y la autodemarcación.
Esta última se ha convertido en la puerta de entrada de un derecho reconocido en forma
tímida en una ley especial, la ley de demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los
Pueblos Indígenas. Sin embargo, se erige como instrumento efectivo del que pueblos y
comunidades indígenas echan mano para el ejercicio de los derechos territoriales reconocidos,
ante la mora del Estado venezolano en demarcar los hábitats indígenas. de aquí
la diferencia sustancial entre demarcación, como derecho reconocido “de arriba hacia
abajo”, y autodemarcación, en tanto derecho ejercido “de abajo hacia arriba”.
la autodemarcación constituye una forma de ejercicio de un derecho reconocido
constitucionalmente y, a la vez, sirve de punto de partida para la conjunción de políticas
públicas territoriales indígenas. Se trata de políticas fundamentadas para los “planes de
vida” de los pueblos y comunidades, por ello se conciben, como hemos dicho, “de abajo
hacia arriba”, es decir, desde los pueblos y comunidades indígenas hacia el Estado, y no
“de arriba hacia abajo” o, lo que es lo mismo, desde el Estado hacia los pueblos y comunidades
indígenas, que es como tradicionalmente se determinan las políticas públicas de
un Estado.
El art. 119 CRBV no puede, no obstante, observarse aisladamente. Éste se complementa
con el art. 120 (aprovechamiento de recursos y consulta e información previa), el