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El ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
indígenas” fue sustituido en la Constitución aprobada, por las expresiones “hábitat” y
“tierras”. Se considera que la Constitución equiparó “hábitat” y “tierras” al término “territorio”,
pero sin hacer referencia expresa al mismo. Por tanto, cuando la Constitución
utiliza las palabras “hábitat” y “tierras”, está haciendo referencia a la unidad territorial
de los pueblos y comunidades indígenas, ya que lo que se hizo en el debate constituyente
fue sustituir un término por otro, pero con igual significado. la solución dada por la
Asamblea Constituyente se inspiró en lo dispuesto por el artículo 13 del Convenio 169
de la organización Internacional del Trabajo, en el cual se establece que “La utilización
del término “tierras”(…) deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan (…)”
2.2. Naturaleza jurídica del Derecho Originario de Propiedad Colectiva
sobre las tierras indígenas en la Constitución
la Constitución es clara en reconocer que el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras
es un derecho de propiedad. Pero es evidente que este derecho hace referencia a una propiedad
específica, pues es una propiedad adquirida de forma originaria y no derivativa, se trata
de una propiedad colectiva, ya que pertenece a los pueblos y comunidades indígenas como
sujetos colectivos (derecho indiviso ejercido por todos sobre el mismo bien y el mismo título)
y es una propiedad limitada por la propia Constitución, ya que la misma no posee el atributo
de la libre disposición (inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible), sino que
tiene un régimen especial para su protección y manejo. Como ya se señaló, es una propiedad
especial, que se denomina derecho originario de propiedad colectiva sobre las tierras de los
pueblos y comunidades indígenas, y que tiene como características esenciales el ser una propiedad
originaria, colectiva, indivisa y con limitaciones a la libre disposición.
Además, la propiedad especial indígena es un verdadero derecho fundamental dentro
de la Constitución, por lo que goza de los mismos atributos que los demás derechos constitucionales,
en cuanto que puede ser objeto de aplicación directa e inmediata por todos los
órganos del poder público y de protección por vía jurisdiccional. la Constitución también
introduce el concepto de “tierras necesarias” entendiendo por las mismas aquellas que son
necesarias para garantizar sus posibilidades de vida y futuro. Esto refuerza el carácter amplio
con el que el constituyente ha querido definir y reconocer el derecho de los pueblos indígenas
sobre sus hábitats y tierras ya que las mismas deben ser consideradas, no sólo para sus
actividades de subsistencia material inmediata, sino desde el criterio de ser necesarias para
garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida, implicando con esto los diferentes
aspectos que componen la vida cultural de los pueblos indígenas como sujetos colectivos.
2.3. La obligación constitucional de demarcar los hábitats y
tierras indígenas y el derecho a la demarcación participativa
El artículo 119 también establece de manera expresa una obligación constitucional para el
Estado venezolano en el sentido de que corresponde al Ejecutivo Nacional, con la partici-