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El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
Para tal efecto se creó el Área de defensa Pública Indígena dentro de la dirección Ejecutiva
de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, para el nombramiento de defensores
públicos de indígenas, teniendo en cuenta que los mismos conozcan la cultura
(idiomas y costumbres) y los otros derechos propios de los indígenas.
Con relación a esta garantía procesal, podemos encontrar dos fallos muy interesantes
de la Corte Constitucional de Colombia que asumen una posición de respeto a la diversidad
étnica y cultural a favor de los pueblos indígenas. uno es la Sentencia T-349/96
que se pronunció diciendo que el derecho a la defensa ”no son valores individuales los que
dentro de su cosmovisión se protegen prioritariamente”, aceptando como sucedáneo que sus
parientes estuvieren presentes en el proceso. El segundo caso lo constituye la Sentencia
T-523/97, mediante el cual la Corte Constitucional decidió que ”los medios para ejercer
este derecho en los casos que adelantan las autoridades indígenas, no tienen que ser aquellos
contemplados por las normas nacionales o los tratados internacionales, sino los que han sido
propios dentro del sistema normativo de la comunidad”.
Por tanto, los actuales defensores públicos indígenas son competentes para actuar
en defensa de los indígenas en todas las materias (penales, civiles, tributarias, etc.) ante
cualquier instancia judicial y/o administrativa, pudiendo incluso tramitar los reclamos
ante las instancias internacionales, vale decir, ante el sistema universal de Naciones unidas
como ante el sistema de protección interamericano de derechos humanos de la oEA,
de acuerdo a lo que prescribe el artículo 30 de la Carta Magna.
8.3. Del Derecho a Intérprete Público
la garantía del debido proceso abarca a su vez el derecho a un intérprete para aquellas
personas que no hablen o no puedan comunicarse en el idioma castellano (Artículo 49,
3 CRBV). A su vez, el artículo 9 de la vigente Constitución reconoce las lenguas de los
distintos pueblos indígenas como idiomas oficiales en las respectivas entidades federales
o municipios indígenas donde se encuentren asentados estas culturas. Por su parte, el numeral
2° del artículo 95 de la loPCI establece que el Estado garantizará el uso del idioma
indígena en “Los procesos judiciales y administrativos en los cuales sean parte ciudadanos
indígenas con la presencia de intérpretes bilingües”, reforzado con la exigencia del artículo
42 de la Ley de Idiomas Indígenas 36 que impone la obligación de designar intérpretes y
traductores en el Sistema de Justicia, so pena de nulidad.
de igual manera, este derecho-garantía fue expresamente reservado en el artículo
125 ordinal 4º del CoPP a favor de los imputados. de allí que el respeto por la lengua originaria
de cada miembro indígena, como parte del derecho a la cultura, es el presupuesto
básico de una defensa real y efectiva para los indígenas, que garantiza además su identidad
cultural. Esta garantía procesal se encuentra expresamente establecida en el artículo 139
de la loPCI en los siguientes términos:
“El Estado garantiza a los indígenas el uso de sus idiomas originarios en todo proceso
administrativo o judicial. Se requerirá del nombramiento de un intérprete, a los fines
de prestar testimonios, declaraciones o cualquier otro acto del proceso. Los actos que
hayan sido efectuados sin la presencia del intérprete serán nulos”.