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El ESTAdo ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
ticia indígena y de la interpretación del derecho de los pueblos indígenas a aplicar
sus mecanismos tradicionales de resolución de conflictos según su propio derecho. Al
respecto, la exposición de motivos señala que la Constitución se refiere al derecho que
tienen los pueblos indígenas de seguir practicando sus sistemas normativos internos,
para la regulación, sanción y restauración de la paz social. Este derecho a la justicia
es un mecanismo de protección a los indígenas venezolanos, que históricamente han
vivido en una sociedad que los excluyó y discriminó; en este caso no se trata de código
o leyes escritas, sino de formas de justicia que han permitido a estos pueblos regularse
internamente, enfrentar los conflictos y seguir manteniendo la cohesión mediante la
aplicación de un sistema normativo reparatorio (…) con el artículo 260 de la Constitución,
se reconoció por primera vez en Venezuela la jurisdicción indígena como mecanismo
alterno de justicia no formal, expresión e un Estado pluricultural, que genera
un amplio pluralismo jurídico´(…). Al respecto, el profesor Ricardo Colmenares ha
expresado con precisión que ´Esta norma constitucional permite hablar propiamente
de un Estado pluricultural, es decir, se reconoce de manera oficial a una sociedad que
no es homogénea y que permite la coexistencia de dos o más sistemas normativos.
Este paralelismo de sistemas es lo que se ha dado por llamar “pluralismo jurídico”,
conocido también como pluralismo legal, que no es más que una categoría sociológica
y que nace en tanto que coexisten dos o más sistemas normativos dentro de un mismo
espacio social (…). Esto implica que deberá dársele cabida a las instituciones y sistemas
jurídicos propios de los pueblos indígenas para solventar sus propios conflictos
(…). El establecimiento de este importante derecho colectivo posibilita a su vez un
doble reconocimiento: en primer lugar, reconoce la jurisdicción indígena especial, es
decir la potestad pública ejercida por las autoridades indígenas legítimas de los distintos
pueblos y comunidades indias, para ejercer funciones de justicia, de acuerdo con
sus tradiciones y costumbres, con capacidad incluso de crear y modificar normas. En
segundo lugar, reconoce además el uso del derecho consuetudinario indígena y sus propios
procedimientos para resolver conflictos´ En base a lo expuesto, en consecuencia
lo procedente y ajustado a derecho es declarar REMITIR LAS PRESENTES
ACTUACIONES al jefe de la comunidad indígena Serranía, de conformidad con
los artículos 119 y 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y artículo 133.3 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Y ASI SE
DECIDE.”
observamos en esta decisión que el juez hace una motivación basada en la legislación
y doctrina indígena que existe desde hace unos cuantos años en el país, y realizando un
análisis lógico entre los hechos y el derecho concluyó que era aplicable a este caso concreto,
la declinatoria de jurisdicción, entendiéndola como una “maximización de la justicia
indígena y como una autolimitación de la justicia ordinaria.” 8
Es importante señalar que el juez que decide este tipo de casos debe tener identificada
la autoridad indígena a quien va a declinar la competencia y plasmarla en su decisión,
y verificar además que la pena a imponer por las autoridades no sea violatoria de los derechos
humanos fundamentales, porque en ese caso la parte agraviada puede, conforme
lo establecido en el artículo 135 de la ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,
interponer acción de amparo constitucional. En todo caso, cuando existan dudas para