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CAPÍTulo 3 • El RECoNoCIMIENTo CoNSTITuCIoNAl dE lA EXISTENCIA dE loS PuEBloS Y CoMuNIdAdES INdÍGENAS I 77
práctica, el derecho sobre las tierras se realiza en forma colectiva y gratuita a favor de los
pueblos y comunidades indígenas, bajo la modalidad del denominado “Resguardo Indígena”,
figura jurídica tradicional de origen colonial que entraña la plena propiedad de la tierra
y posee las características de ser inalienable, inembargable e imprescriptible. Según la
fuente citada anteriormente, el reconocimiento de la propiedad de la tierra a favor de una
comunidad indígena o grupo de comunidades, entraña para la agrupación o agrupaciones
titulares del nuevo dominio, la capacidad de darse su propia forma de administración del
área reconocida, bien sea a través de sus formas de gobierno tradicional o adoptando
la alternativa del llamado “Cabildo Indígena”, sistema de gobierno colegiado tradicional
entre las comunidades de la región andina. la Constitución colombiana de 1991, además
de afianzar la figura de los resguardos, ha abierto la posibilidad para que los mismos se
conviertan en entidades político-administrativas llamadas entidades territoriales indígenas
(ETI) que estarían administradas por consejos conformados y reglamentados según
los usos y costumbres de las propias comunidades (Artículos 286, 329 y 330). Según los
estudios consultados, Colombia es uno de los países con relación más favorable entre
población indígena y propiedad territorial tanto en términos porcentuales como absolutos.
88 la información disponible confirma que “Existe un total de 650 resguardos (tierras
colectivas) que copan el 80 % de los 31.207.978, que dan la proporción tierra/individuo más
alta de la región andina. Con los procesos que se encuentran en trámites finales, la cifra ascendería
a 32.721.000 hectáreas, es decir el 27,3 % del territorio nacional de Colombia”. 89
En Bolivia el proceso de demarcación y titulación de tierras avanzó a partir de la
Constitución de 1994, que reconoció las tierras comunitarias de origen (TCo) y el procedimiento
desarrollado por la denominada ley INRA (ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria) que emprendió un proceso nacional de saneamiento de tierras indígenas.
Con la nueva Constitución de 2008, el Estado Boliviano reafirmó el proceso de
reconocimiento territorial, estableciendo que las naciones y pueblos indígenas originarios
tienen derecho a la titulación colectiva de tierras y territorios (Artículo 30. ordinal 6)
y a constituir autonomías indígenas en los territorios ancestrales (Artículo 290). En el
marco de la titulación y consolidación de las tierras comunitarias de origen los procesos
de saneamiento en la Amazonía han permitido demarcar áreas que van desde las 25.675
hectáreas para pueblos indígenas relativamente pequeños hasta más de 400.000 hectáreas
para territorios multiétnicos más grandes. 90 En todo caso, en Bolivia hay avances significativos
en las tierras tituladas y variantes en las superficies de las extensiones reconocidas,
pero todas en cantidades suficientes para que los pueblos indígenas puedan desarrollar su
vida sociocultural en sentido amplio. 91
En Ecuador el tema de la territorialidad indígena y los derechos colectivos han sido
colocados como temas cruciales en la agenda de reformas del Estado e innovaciones constitucionales.
En la Constitución de 1998, se crearon las circunscripciones territoriales indígenas
y en la Constitución de 2008, se reafirmaron los derechos indígenas sobre sus tierras
colectivas y territorios ancestrales. En este contexto y de acuerdo a estimaciones de la
CoNFENAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) buena parte de
las tierras bajo control indígena está legalizada o en trámite de legalización. 92
Este análisis comparativo permite verificar que en los países de la región hay verdaderos
avances en los procesos de demarcación, legalización y titulación de tierras indíge-