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CAPÍTulo 6 • lA PRoTECCIóN dEl dERECHo A lA PRoPIEdAd INTElECTuAl ColECTIVA I 163
así como en las discusiones posteriores llevadas a cabo en los foros creados en torno a él.
Esto explica que en la norma constitucional el derecho de propiedad intelectual colectiva
se encuentre esencialmente asociado con los recursos genéticos y que este derecho se
encuentre desarrollado en la ley especial en materia de biodiversidad, la ley sobre diversidad
Biológica (ldB).
El CdB es el único instrumento internacional que, hasta ahora, ofrece alguna normativa
legalmente vinculante en esta materia. los Estados partes del CdB asumen tres
obligaciones específicas en relación con los conocimientos tradicionales, establecidas
en el art. 8(j): respetar, preservar y mantener “los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de
vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”;
promover “su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas”, y fomentar “que los beneficios derivados
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente.” 5 Al asignar estas obligaciones a los Estados contratantes, el CdB reconoce
tanto la importancia del estilo de vida de las comunidades indígenas y locales para
la conservación de los recursos biológicos, como la importancia de estos recursos para la
supervivencia de estas comunidades. Esto ha sido interpretado en el sentido de significar
una especie de posición de propiedad 6 de las comunidades sobre los conocimientos
vinculados a recursos genéticos. de cara al CdB, no resulta completamente claro, sin
embargo, en qué consiste ese vínculo. 7 Claro es que el CdB evita asignar expresamente
derechos a las comunidades indígenas y locales y que, frente a ello, reafirma la soberanía
de los Estados sobre los recursos genéticos (art. 3). Esta tendencia se observa también,
como se verá más adelante, en la legislación nacional correspondiente.
otro ámbito importante en el plano internacional ha sido el desarrollo de los derechos
indígenas sobre sus conocimientos y prácticas en el campo de los derechos humanos.
Así, por ejemplo, fue influyente a nivel internacional el trabajo de Erica Irene daes,
ex relatora especial de la Sub-Comisión sobre la Prevención de la discriminación y la
Protección de las Minorías, quien fue encargada en 1991 de la elaboración de un estudio
que recomendara medidas a ser tomadas en cuenta por la comunidad internacional para
fortalecer el respeto por el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. 8 Para la elaboración
de los “Principios y directrices para la Protección del Patrimonio de los Pueblos
Indígenas” –documento aceptado en 1995 por la mencionada Sub-Comisión y por el
ECoSoC–, 9 daes tomó en cuenta declaraciones emanadas de dos importantes conferencias
mundiales de pueblos indígenas: la declaración Kari-oca y la Carta de la Tierra,
de 1992, y la declaración Mataatua, de 1993. 10
Estos documentos se refieren al respeto de los conocimientos tradicionales como
parte de derechos específicos; así, por ejemplo, reclaman un derecho a la salud en el que
“deben estar comprendidos el reconocimiento y el respeto del conocimiento tradicional
que poseen los curanderos indígenas”, el cual “debe ser reconocido y protegido contra la
explotación”. 11 Hacen referencia, asimismo, a una protección general de la propiedad intelectual
indígena, al reclamar que se garantice el “derecho a las propiedades intelectuales
y culturales y que los mecanismos para hacerlo valer en cada caso favorezcan a nuestros
pueblos, se estudien a fondo y se pongan en práctica”. 12 la consideración de estas decla-