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CAPÍTulo 3 • El RECoNoCIMIENTo CoNSTITuCIoNAl dE lA EXISTENCIA dE loS PuEBloS Y CoMuNIdAdES INdÍGENAS I 47
4. El Proceso de demarcación de hábitat y tierras indígenas y la
garantía del derecho a la propiedad colectiva
4.1. La demarcación como política pública para implementar los
derechos territoriales indígenas
Según lo dispuesto en el texto constitucional está claro que la demarcación de los hábitat
y tierras indígenas no sólo es un derecho constitucional de los pueblos indígenas
exigible frente al Estado, sino una obligación constitucional que el propio Ejecutivo Nacional
debe ejecutar como garantía de los derechos originarios de los pueblos indígenas
sobre sus tierras, y la propiedad colectiva que la Constitución garantiza. El Estado tiene
el deber de garantizar los derechos territoriales indígenas a través de la demarcación. En
consecuencia, la implementación de este derecho a través del proceso nacional de demarcación,
constituye la principal política pública del Gobierno Nacional orientada a lograr
la plena vigencia y el ejercicio de los derechos territoriales indígenas en Venezuela. Tal
como señala el artículo 119 de la Constitución, corresponde al Ejecutivo Nacional, con la
participación de los pueblos y comunidades indígenas demarcar y garantizar el derecho a
la propiedad colectiva de sus tierras.
En este sentido, la importancia y centralidad de los derechos territoriales indígenas
en la Constitución, determinan que la principal política pública del Estado hacia los pueblos
indígenas deba ser el proceso de demarcación participativa y corresponsable. Por lo
tanto, la falta de ejecución real e implementación efectiva de la demarcación y la correspondiente
titulación de los territorios indígenas, es un verdadero derecho pendiente de
los pueblos indígenas frente al Estado. Sobre este tema se ha señalado que la noción de
derechos territoriales indígenas es más amplia que la de políticas públicas
“(…) en tanto el territorio (o el hábitat en el marco de la CRBV) se asume como el
espacio de implementación y materialización de la (s) política (s) pública (s). Habría
otro criterio para fundamentar lo anterior: los derechos territoriales indígenas están
consagrados constitucional y legalmente mientras que la política pública (indígena en
este caso) responde a un proceso de construcción de ´abajo hacia arriba´(…). En efecto
los derechos territoriales indígenas deben ser la expresión material de la política pública
entendida esta (desde el punto de vista institucional como ´el conjunto de acciones,
decisiones y modos de gestión y evaluación que afectan la organización de la vida cotidiana
y el estatuto del sistema social y político en conjunto´(…). Desde una perspectiva
social una política pública tiene que tener como fin primordial la satisfacción de las
necesidades sociales y humanas (…). De lo anterior vale destacar que al hablar de la
coexistencia de los derechos territoriales y de la(s) política(s) pública(s) indígena(s)
dentro de un mismo espacio geopolítico y del control por parte de los pueblos indígenas
de sus hábitats, el carácter territorial de los derechos indígenas cobra preeminencia por
encima de la política pública, es decir, la condición para la materialización de la política
pública pasa por la necesaria concreción de los derechos territoriales indígenas(…).
De allí que la política pública se convierta en un instrumento para la definición de los
derechos territoriales indígenas y fundamentalmente, para su concreción.” 10