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CAPÍTulo 3 • El RECoNoCIMIENTo CoNSTITuCIoNAl dE lA EXISTENCIA dE loS PuEBloS Y CoMuNIdAdES INdÍGENAS I 49
ción de talleres de capacitación a comunidades indígenas; e instalación de las respectivas
comisiones de demarcación (…). Las denuncias relacionadas con la negativa u
omisión al reconocimiento de la existencia de pueblos o comunidades indígenas apuntan
a una posible insuficiencia en el levantamiento censal (…). A su vez, se presentan
siempre en relación a la vulneración de otros derechos, fundamentalmente en relación
a la propiedad de la tierra. De ahí su vinculación directa con el proceso de demarcación
y el reconocimiento legal de la propiedad colectiva de las mismas (…). A pesar
de las actividades desplegadas por la Comisión Nacional de Demarcación, el
trabajo no ha aportado aun logros concretos en materia de adjudicación de
tierras. Esta situación señala la necesidad urgente de asignar los recursos financieros
requeridos para garantizar su ejecución. A su vez, en este proceso, el
ente debe priorizar las necesidades de aquellos pueblos y comunidades indígenas que
confrontan mayor conflictividad con terceros en cuanto a su hábitat y tierras colectivas.”
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de igual forma, en su informe del año 2004, la defensoría del Pueblo resaltó que las diferentes
instancias responsables de adelantar el proceso de demarcación “(…) continúan
adelantando diversas iniciativas previas al inicio del proceso de demarcación, que presenta
un retraso considerable con respecto a la Disposición Transitoria Duodécima de la
CRBV –la cual preveía un plazo de 2 años para concluir el proceso.” 15 Siguiendo esta misma
línea de análisis, en su informe anual del año 2006, al hacer referencia a la situación general
de los pueblos indígenas y en particular al proceso de demarcación de los hábitat y
tierras se señala que
“La Defensoría del Pueblo pudo evidenciar en el transcurso del período que son pocos
los avances en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas
del país, esto pese a los esfuerzos emprendidos por el Estado venezolano para mejorar
su calidad de vida y avanzar en la realización de sus derechos (…). La Comisión
Nacional de demarcación de Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas
(CND), informó que su labor de demarcación se limitó a comunidades indígenas
de los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas y Zulia. La entrega de los títulos
de propiedad de los procesos concluidos se programó para el 12 de octubre, pero la
actividad fue cancelada, en virtud de diversos conflictos planteados por representantes
de los pueblos y comunidades indígenas presuntamente beneficiados (…). Los
desacuerdos presentados se refieren, fundamentalmente, a problemas con los linderos
establecidos en los títulos, al sobreponerse a los de otras comunidades indígenas, o
al contar con la presencia de zonas ganaderas o actividades de explotación minera
(…). Esto derivó en el consecuente reclamo por parte de las poblaciones indígenas de
que las tierras sean entregadas sin terceros, es decir, sin ganaderos y sin concesiones
mineras.” 16
En otros estudios sobre territorialidad indígena en América latina, y haciendo referencia
al caso venezolano, se destacaban los avances normativos propios del proceso de demarcación
de hábitat y tierras indígenas, pero se cuestiona la efectividad en su implementación:
“No obstante, para fines de 2006 los avances son muy poco significativos. La Comisión
Nacional, y sus pares regionales, han sido muy poco efectivas. Tampoco la participación indí-