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CAPÍTulo 8 • dESARRollo dE lA JuRISdICCIóN ESPECIAl dE loS PuEBloS INdÍGENAS I 251
7. Clases de competencias otorgadas a las autoridades indígenas
de acuerdo a las previsiones legales establecidas en el artículo 133 de la loPCI, la potestad
que tienen las autoridades indígenas para administrar justicia a los integrantes de
sus comunidades encuentra sus límites en: a) el territorio donde ocurra el conflicto; b) la
materia o asunto a discutir en el conflicto y, c) en cuanto a las personas involucradas en
dicho conflicto. de allí que el legislador estableció para las autoridades indígenas cuatro
niveles de competencias, a saber:
7.1. Competencia territorial
El numeral 1º del artículo 133 de la loPCI dispone: “Las autoridades legítimas tendrán
competencia para conocer de cualquier incidencia o conflicto surgido dentro del hábitat y tierras
de los pueblos y comunidades indígenas respectivos”. debe entenderse que la potestad de administrar
justicia de las autoridades indígenas tendría cabida plena dentro de las unidades
político-territoriales donde se desarrollen culturalmente como pueblos, es decir, en los
denominados por el constituyente hábitats indígenas y en los recién creados municipios
indígenas establecidos en el artículo 11 y desarrollados en los artículos 49, 50 y 51 de la
reciente Ley Orgánica del Poder Público Municipal 32 , atendiendo al principio de diversidad
de regímenes establecida en el artículo 47 de esta misma ley, sobre todo si el conflicto
se plantea entre dos indígenas -integrados o no- del mismo grupo étnico. No obstante,
desde una perspectiva intercultural, se podrían ampliar estos límites.
7.2. Competencia extraterritorial
El numeral 2º del artículo 133 de la loPCI estableció una especie de mixtura de competencias
(territorial/personal), al reconocer la competencia extraterritorial a las autoridades
indígenas en los siguientes términos:
“Las autoridades legítimas tendrán competencia extraterritorial respecto de controversias
sometidas a su conocimiento, surgidas fuera del hábitat y tierras indígenas,
cuando las mismas sean entre integrantes de pueblos y comunidades indígenas, no
revistan carácter penal y no afecten derechos de terceros no indígenas. En este caso, la
autoridad legítima decidirá según las normas, usos y costumbres del pueblo o comunidad
indígena y lo dispuesto en el presente artículo, si conoce o no de la controversia
y, en caso negativo, informará a los solicitantes y remitirá el caso a la jurisdicción
ordinaria cuando corresponda”.
de manera que se trata de una competencia que tienen las autoridades indígenas fuera de
su hábitat, cuando el conflicto se plantea entre miembros integrantes de dichos pueblos,
que no revista carácter penal y que no afecte derecho de terceros no indígenas, siempre
que la jurisdicción indígena decida asumir dichas controversias, resolviéndose confor-