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El ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
2.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas
Más recientemente, la declaración de las Naciones unidas sobre los derechos de los Pueblos
Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la oNu en fecha 13 de septiembre
de 2007, reconoció en sus artículos 34 y 35 los sistemas jurídicos y la jurisdicción propia
de los pueblos indígenas. Rodríguez-Piñero sostiene que el derecho de estos grupos a
determinar responsabilidades de miembros de sus comunidades “(…) presupone naturalmente
la existencia de normas y formas de organización al interior de dichas comunidades, y la
determinación de responsabilidades puede abarcar tanto la atribución de responsabilidades por
vía de la cultura a la atribución de responsabilidad por medio de mecanismos jurisdiccionales
internos” 14 .
Por tanto, ambos instrumentos internacionales -el Convenio 169 de la oIT como la
declaración de las Naciones unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas-, al ser
incorporados al ordenamiento legislativo nacional mediante ley Aprobatoria, se convierten
en instrumentos legales de rango constitucional, con carácter obligatorio y de inmediata
aplicación, que prevalecen sobre las normas internas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de la Carta Magna, 15 por tratarse de derechos humanos específicos a
favor de los pueblos indígenas, siempre que sus normas sean “más favorables” -en cuanto
a su goce y ejercicio- que las disposiciones constitucionales y legales venezolanas.
3. ¿Necesidad de una Ley de Coordinación de Sistemas?
Si bien la norma constitucional contenida en el artículo 260 de la Constitución, establece
que, la “(…) ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema
judicial nacional”, no es menos cierto que “La falta de ley reglamentaria de estos derechos
no menoscaba el ejercicio de los mismos”, conforme lo ordena el artículo 22 constitucional.
Así lo entendió la Sala Electoral del Máximo Tribunal de la República, en la sentencia de
fecha 19 de mayo de 2000, en la cual aplicando el principio de progresividad que rige en
materia de derechos humanos, eliminó el carácter “programático” de las normas constitucionales,
estableciendo que “no se requiere la intermediación de la legislación para ser
aplicada directamente, hecho éste al que alude la parte recurrente como indispensable. De esta
manera, sería inaceptable calificar de norma como programática, por no haberse promulgado
legislación que la desarrolle, dado que en definitiva sería negar la aplicación de una disposición
constitucional”.
lo anterior significa que independientemente de que algunas disposiciones constitucionales
carezcan de reglamentación legal, deben ser aplicadas de modo que permitan
al titular del derecho hacer valer su ejercicio y su defensa. Así expresamente lo reconoció
la Sala Constitucional en la sentencia del 1154/2000 caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz,
de la forma que se transcribe a continuación:
“De tal modo, que es el reconocimiento de los mencionados derechos como inherentes
a la persona humana, lo que los ubica en el orden jurídico interno, como derechos de