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CAPÍTulo 3 • El RECoNoCIMIENTo CoNSTITuCIoNAl dE lA EXISTENCIA dE loS PuEBloS Y CoMuNIdAdES INdÍGENAS I 85
hábitats y tierras de nuestra propiedad colectiva ancestral
y legítima posesión de acuerdo con el área especificada en
los mapas que hemos adjuntados y que hemos procedido
a levantar con nuestros ancianos; b.- Se ordene a estos órganos
la expedición y entrega de los TITULOS PROTO-
COLIZABLES de dicha demarcación.”
77. Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia indica
en su decisión que: “De una interpretación concatenada
de los preceptos normativos anteriormente transcritos, se
desprende con meridiana claridad que el Ejecutivo Nacional
es el investido por la Constitución para llevar adelante
el proceso de demarcación del hábitat indígena, así como
de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus
tierras… En atención a lo expuesto, observa esta Sala que
en una interpretación axiológica y sistemática del Texto
Constitucional, se constata que la obligación del Ejecutivo
Nacional conforme a la norma contenida en el artículo
119 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela no sólo es demarcar el hábitat y tierras de los
pueblos indígenas, sino que, adicionalmente, el Ejecutivo
Nacional debe garantizar la propiedad colectiva de
sus tierras, todo lo cual inserta mayor complejidad a la
tarea de demarcación (…) Por ello, considera esta Sala
que cuando el Constituyente se refirió en la Disposición
Transitoria Décima Segunda del Texto Constitucional a
que el proceso de demarcación debía realizarse en el lapso
de dos años, no aludió a que debía culminarse dentro
de dicho lapso, dado que, en atención a lo dispuesto en el
artículo 119 eiusdem, el Ejecutivo Nacional no sólo debía
encomendarse en la tarea de demarcar el hábitat y tierras
indígenas, sino que además debía garantizar la propiedad
colectiva de sus tierras, como una reivindicación histórica
de los derechos ancestrales de esos pueblos y comunidades
tradicionalmente olvidados y vejados en sus derechos (…)
Así las cosas, a juicio de esta Sala, ante la entrada en vigencia
de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat
y Tierras de los Pueblos Indígenas, que establece los procesos
que deben realizarse para la demarcación del hábitat y
tierras indígenas, así como todo lo concerniente a la titularización
de la propiedad colectiva indígena, no existe una
omisión por parte del Ejecutivo Nacional en esa materia,
puesto que, como se expresara con anterioridad, cuando la
Disposición Transitoria Décima Segunda del Texto Constitucional
se refiere a que el proceso de demarcación debe
realizarse en el lapso de dos años, no se refirió a que dicho
proceso debía culminarse dentro de ese lapso(…) Por las
razones que anteceden, esta Sala debe declarar sin lugar el
recurso de abstención interpuesto.” Tribunal Supremo de
Justicia. Sala Político Administrativa. decisión del 13
de junio de 2007. Exp. 2002-0501
78. Al fundamentar su decisión el Tribunal señala que:
“Ahora bien, al revisarse la normativa en que los recurrentes
sustentan sus planteamientos se evidencia que en
el caso tratado más que una obligación concreta en cabeza
de la Administración, lo que se configura es un cúmulo
de obligaciones genéricas nacidas del texto constitucional
destinadas a delimitar y garantizar el derecho a la pro-
piedad colectiva que, sobre sus tierras, tienen los pueblos y
comunidades indígenas, y sólo después de efectuarse las labores
de demarcación territorial es que surgiría el derecho
específico a que se les concedan los títulos correspondientes
(…). Aunado a lo anterior, no se evidencia tampoco una
clara actitud omisa por parte del Poder Ejecutivo Nacional
en adelantar el referido proceso de demarcación que
constituya una real abstención; al contrario, se observa
que se cumplió con la designación de la Comisión Nacional
de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos
y Comunidades Indígenas a que hace mención la ley que
regula la materia y que dicha Comisión está realizando
ciertas actuaciones para alcanzar los fines para las cuales
fue creada(…) En vista de lo anteriormente expuesto, estima
la Sala que en el presente caso no se materializan los
presupuestos necesarios para que proceda el recurso por
abstención o carencia interpuesto, de allí que el mismo
debe ser desestimado.” Tribunal Supremo de Justicia.
Sala Político Administrativa. decisión del 16 de diciembre
de 2003. Exp. 2002-0500.
79. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa.
decisión del 30 de Noviembre de 2010. Exp.
2002-0500.
80. Ibídem.
81. Chirif Alberto y Pedro García Hierro, 2007: op.
Cit. P. 136-137.
82. un estudio importante sobre la situación y los derechos
de los pueblos indígenas en Nicaragua, ha sido
realizado por la abogada María luisa Acosta quien
además de vivir en la zona es asesora legal de varias
organizaciones. En su investigación la autora señala
que “El artículo 5, fue introducido por la Reforma Constitucional
de 1995(…) pero el artículo 5 no sólo reconoce
la existencia de estos pueblos, sino que también les otorga
derechos de origen colectivo, como son el derecho a “mantener
y desarrollar su cultura” y la cultura incluye las formas
de vida y el uso particular que estas comunidades dan
a su tierra. Incluye el concepto cultural de territorio(…)
Como refuerzo a lo expresado en el artículo 5, sobre el uso
de las tierras, que según su cultura realizan estos pueblos,
encontramos el artículo 89 donde “el Estado reconoce las
formas comunales de propiedad” a las que nos estamos
refiriendo(…) Además de lo consagrado en los artículos
5 y 89 la Constitución establece como obligación del
Estado el que “garantice” a las comunidades indígenas el
“disfrute de sus recursos naturales”; o sea que ellos sean los
que se beneficien primordialmente de sus bosques y ríos”.
Acosta María Luisa, 1996: Los Derechos de las Comunidades
y Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica en la
Constitución Política de Nicaragua y la Implementación
del Estatuto de Autonomía en las Regiones Autónomas.
Bluefields. Agencia Canadiense para el desarrollo Internacional.
P. 69-70.
83. Mikkelsen, Caecilie. 2010. op. Cit. P. 123.
84. En decisión del año 2001, la Corte Interamericana
de derechos 4Humanos (Caso de la Comunidad
Mayagna (sumo) de Awas Tingni contra Nicaragua)