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El ESTAdo ANTE lA SoCIEdAd MulTIÉTNICA Y PluRICulTuRAl
Lo anterior, también podría implicar un secuestro de las demandas y reivindicaciones
históricas de los pueblos y comunidades indígenas. En Venezuela cualquier
noción de cambio debe ser contextualizada al trasluz de los derechos vigentes (derechos
materializados) pero fundamentalmente de los derechos pendientes, dentro de los cuales
se encuentran los derechos territoriales indígenas. En este sentido, la condición para
la materialización del derecho a la diversidad cultural indígena pasa por la necesaria
concreción de los derechos territoriales indígenas. La expresión material del segundo es
la conditio sine quo non del primero.” 53 (El texto destacado es nuestro)
1.6. La Defensoría del Pueblo y las acciones para la protección de los
derechos indígenas
las funciones y atribuciones constitucionales de la defensoría del Pueblo están desarrolladas
a partir del artículo 280 y siguientes de la Constitución. En esta disposición
la institución se define como un órgano del Poder Ciudadano que tiene a su cargo la
promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución
y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses
legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos y ciudadanas. En el artículo 281 se
establece que es atribución de la defensoría del Pueblo velar por el efectivo respeto
y garantía de todos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pero
también se establece como una atribución específica en el numeral 8, “Velar por los
derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y
efectiva protección.” (Negrita nuestra). de la disposición contenida en el numeral 8 del
artículo 281 constitucional se desprende, que el constituyente ha querido dar una protección
particular a los pueblos indígenas como grupo vulnerable, en el sentido de que
la defensoría del Pueblo, como principal órgano del Estado venezolano, tiene dentro
de sus atribuciones específicas, la vigilancia sobre los derechos indígenas reconocidos
en la Constitución y el ejercicio de las acciones necesarias para lograr su garantía y
efectiva protección.
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha realizado una interpretación
bastante extensa de las atribuciones constitucionales de la defensoría del Pueblo
y, en particular, de la atribución conferida en el ordinal 8 del artículo 281 de la Constitución.
En tal sentido, el tribunal constitucional ha señalado que: “La forma como la Defensoría
del Pueblo logrará sus objetivos aparece en el artículo 281 constitucional (...). Como el
término “velar” tiene en la ley la connotación de observar (como centinela), puede pensarse que
la sola observación no genera acciones, sino recomendaciones extrajudiciales. Sin embargo, los
numerales 3 y 8 del artículo 281 constitucional denotan una situación distinta, ya que la Defensoría
del Pueblo vela por el correcto funcionamiento de los servicios públicos y por los derechos
de los pueblos indígenas, pero a la vez, según los numerales citados, intenta acciones para ejercer
las atribuciones enumeradas en el artículo 281 eiusdem, que incluyen el velar por los servicios
públicos o por los indígenas.” 54
Por su parte, en el artículo 38 de la ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas
se reafirma lo dispuesto constitucionalmente en los siguientes términos: